La última remodelación del Consejo Consultivo de Andalucía levantó una agria polémica en el arco político regional después de que el Gobierno socialista de Susana Díaz eligiera a los nuevos miembros de este órgano sin consensuarlos con la oposición en el Parlamento. Como respuesta, los populares han registrado en la Cámara una propuesta para reformar la ley que regula el funcionamiento del Consultivo para que su composición salga del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del legislativo, y no de San Telmo, donde radica el poder ejecutivo.

En su proposición de ley, el grupo Popular también plantea reducir la composición del Consultivo de la actual casi veintena de miembros a sólo nueve, uno de los cuales ejercerá el cargo de presidente, mientras se establece que siete de ellos serían designados a propuesta de la Cámara autonómica, por una mayoría de tres quintos, y otros dos a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia.

El Parlamento elegiría a siete miembros del Consultivo y el Gobierno a otros dos

La propuesta del PP es que los miembros del Consejo de elección parlamentaria estén "entre profesionales que se hayan distinguido en el campo del Derecho y en el que tengan una experiencia acreditada superior a diez años". Todos ellos, según la proposición de ley, serán nombrados por el Consejo de Gobierno por un período de seis años, durante el cual "serán inamovibles, salvo por las causas de cese previstas en la ley, no pudiendo ser reelegidos", mientras que su dedicación será con carácter exclusivo y a tiempo completo.

Para el PP andaluz, es fundamental "reafirmar la extracción parlamentaria de los miembros del Consejo Consultivo". Desde el punto de vista de la configuración del ente, la proposición de ley plantea abandonar la distinción entre consejeros electivos, con dedicación exclusiva o no, consejeros permanentes y consejeros natos, "que resultaba demasiado compleja, y se simplifica la estructura que en la Ley de 2005 distinguía entre la Comisión Permanente y el Pleno, para posibilitar la actuación conjunta en todos los asuntos de la totalidad de sus miembros, al igual que ya han hecho en otras comunidades".

Para el Grupo Popular, la reducción del número de integrantes del Consejo Consultivo implicará necesariamente una notable reducción de los costes de personal de la institución, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas. Además, defiende que se establezca un único mandato de seis años de duración, para reforzar la independencia de sus miembros "y desvincularlo de las eventuales mayorías políticas que puedan existir en sede parlamentaria".