El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley andaluza de Reordenación del Sector Público por entender que es "un atentado" y un "ataque brutal" a los derechos de los funcionarios y al Estatuto, así como "un intento de escapar del control del Derecho Administrativo".

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido la encargada de presentar el recurso de inconstitucionalidad en el registro del TC, junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha señalado, en declaraciones a los medios, que el recurso busca defender a la administración pública frente a la privatización que pretende la Junta de Andalucía de funciones típicamente administrativas.

Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, el PSOE quiere, con esta ley, romper en Andalucía el acceso a la función pública a base de crear una administración política "partidista".

Sanz ha subrayado que la Junta ha creado una administración paralela "mucho más costosa" y fuera de la función pública, que incumple la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

A juicio de Sanz, con la ley se produce una "inseguridad jurídica" que abre la puerta al ejercicio del derecho privado y, además, supone un atentado a la Constitución y rompe, en el acceso a la función pública, los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Sanz ha valorado la presencia en el acto de los diputados andaluces que han suscrito el recurso y ha insistido en que tanto la Junta de Andalucía como el PSOE están liderando una "agresión continúa" contra los funcionarios públicos.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP ha explicado que su partido quiere que tareas que son de puro derecho administrativo no se ejerciten con carácter privado "en una huida de esas reglas y esos principios de neutralidad e independencia, que deben regir cualquier actividad administrativa". La portavoz parlamentaria ha remarcado que el recurso quiere proteger los derechos de los funcionarios, garantizar el principio de igualdad así como los de mérito y capacidad en el acceso a las tareas públicas.

El pasado febrero, el Parlamento andaluz aprobó el proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz con el único respaldo del PSOE, mientras que el PP lo rechazó e IU se abstuvo.

El texto, cuyo dictámen tiene incluidas 45 enmiendas de socialistas e IU, implicará la reducción de, mediante fusión o absorción, de 111 entidades públicas, que, según la Junta, supondrá un ahorro de unos 118 millones y la creación de una decena de agencias públicas.