Tanto PP como IU vieron ayer intereses electorales en la decisión de la Junta de aplazar los impuestos para las bolsas de plástico y el canon sobre el agua, así como la entrada en vigor de las agencias resultantes de la reforma del sector público, medidas todas ellas previstas para el 1 de enero que se retrasan a mayo en el caso de los impuestos y a junio la segunda.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó la retirada de los impuestos, ya que "la misma barbaridad supone poner ahora en marcha esos impuestos que no existen en otras comunidades que ponerlos en mayo". Arenas mostró sus "serias dudas" de que pueda ser "una nueva mentira", teniendo en cuenta que "no se va a entender muy bien por los votantes en las elecciones municipales" que se plantee la medida. El dirigente popular destacó la labor del PP que con una oposición "profundamente útil" ha evitado la entrada en vigor en enero de la tasa, al tiempo que recordó que mantiene el recurso ante el Tribunal Constitucional por el "impuestazo del agua". El PP, y también IU, vincularon la decisión a las encuestas desfavorables para el PSOE.

 El coordinador general de IU, Diego Valderas, saludó que la Junta "entre en razón y abandone la soberbia". "Las encuestas ayudan a corregir actitudes", señaló Valderas, que calificó el aplazamiento como un "triunfo de las posiciones de IU". También IU exigirá la derogación absoluta de estas cargas fiscales nuevas.

También la decisión de aplazar seis meses la puesta en marcha de las nuevas agencias públicas llevó a Valderas a advertir a la Junta de que "congelar" los estatutos de la agencias públicas será "insuficiente y un gesto inútil" si el grupo del PSOE no ofrece un diálogo sincero con partidos y sindicatos sobre la reordenación del sector público. Todos los principales sindicatos de función pública, CSIF, CCOO, UGT, Safja y Ustea, coincidieron ayer en que el aplazamiento de la aprobación y entrada en vigor de los estatutos hasta la aprobación definitiva del decreto ley de reordenación del sector público, es una medida "normal y lógica", informó. 

En este sentido, Safja informó ayer de que la sala segunda del Tribunal Supremo ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que emita su informe sobre competencia y contenido de la querella presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y los consejeros del Consejo de Gobierno de la Junta, interpuesta por un presunto delito de prevaricación en la tramitación del decreto ley 5/2010 de reordenación del sector público.