El decreto de simplificación que será convalidado por el Parlamento de Andalucía esta tarde apoyado en la mayoría absoluta del PP en la Cámara andaluza, terminará en el Tribunal Constitucional. Si hace dos semanas era Por Andalucía quien en boca de su portavoz, Inma Nieto, anunciaba la presentación de ese recurso, esta mañana el grupo socialista ha adelantado que la norma en vigor desde el pasado sábado, también será recurrida ante el alto tribunal por entender que "no se justifica la urgente necesidad, porque faltan los informes de los consejos locales, porque no se incluyen los informes del Consejo Consultivo que, pese a no ser vinculantes sí se han incluido en la elaboración de algunas de las normas que modifica y por el propio contenido del decreto".
El recurso se presentará desde el grupo parlamentario y, al menos por el momento, no va a implicar una medida similar emprendida por el Gobierno central. Desde un punto de vista jurídico, esta distinción tiene su importancia, ya que en este segundo caso en el momento que el Ejecutivo presentara dicho recurso, la medida dejaría de estar en vigor y se suspenderían todos sus efectos.
Con un plazo por delante de tres meses para la presentación del recurso, la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, ha esgrimido como argumentos para adoptar esta iniciativa que los diferentes informes jurídicos que rodean al decreto "no dejan justificada la urgente y extraordinaria necesidad" que explicaría el empleo de un decreto-ley en vez de tramitar un proyecto de ley. La portavoz ha sostenido que el contenido del decreto "no es de simplificación" y buena prueba de ello ha sido "el intento de incluir la modificación de la Ley Forestal sobre Doñana por la puerta de atrás", antes de recordar que la Proposición de Ley sobre los regadíos en el entorno de Doñana incluía esa misma cláusula y que ésta "se iba a retirar, no se ha retirado, la Proposición de Ley sigue ahí", para concluir que el argumento de que el Gobierno andaluz busca adaptar la Ley Forestal de Andalucía a la normativa estatal "es mentira" porque "si quieres trasponer, lo copias tal cual".
Férriz ha apuntado también la pérdida de 56 controles en materia de contratación, la modificación de la Ley de Patrimonio, la eliminación de órganos o el hecho de que "se eliminan todos los controles de impacto de género en materia presupuestaria", de manera que "se cargan las auditorías de hace 15 años" y "se cargan la Comisión del Informe de Impacto de Género entre la Consejería de Hacienda y el IAM". Ha colegido que "el PP no necesita a Vox, sólo la mayoría absoluta para que se le cayera la careta", antes de lamentar que "es un tema en el que habíamos sido pioneros, desde 2003, y que el Gobierno de España nos ha copiado, y ahora nosotros vamos para atrás", en alusión a ese informe de impacto de género.
Además, el PSOE se ha sumado a la iniciativa de Por Andalucía y, conforme al reglamento del Parlamento andaluz que requiere la participación de dos grupos, pedirá la retirada del orden del día de una medida que se decidió en la mesa de portavoces. No obstante, la medida no saldrá apoyada ya que el PP previsiblemente se opondrá a la misma.
![Inma Nieto, en el centro de la imagen, esta mañana en el Parlamento.](/2024/02/21/andalucia/Inma-Nieto-centro-imagen-Parlamento_1877822532_204723314_1200x675.jpg)
Inma Nieto, en el centro de la imagen, esta mañana en el Parlamento.
Entre las iniciativas para frenar la convalidación de este decreto de simplificación, el grupo parlamentario Por Andalucía ha anunciado también que "se va a dirigir a la Comisión de Venecia", un órgano del Consejo de Europa que "emite informes que tienen que ver con la calidad democrática de las instituciones y con el respeto a los derechos fundamentales", para que "haga un informe sobre cuánto de calidad democrática se preserva en una norma de semejante calado, tramitada de esta manera y en cuanto atenta a los derechos fundamentales, no ya sólo de los grupos" parlamentarios, sino del conjunto de la ciudadanía.
Nieto ha insistido en que "no hay ninguna necesidad de traer un expediente tan mal pertrechado con tal retahíla de informes jurídicos negando de manera expresa y categórica que las materias objeto del decreto" sean "de extraordinaria y urgente necesidad". La portavoz de Por Andalucía ha hablado de un "retroceso democrático no solo en su forma, sino en lo que contiene". En esa línea, ha afirmado que el decreto "se ha vendido con una publicidad completamente engañosa", ya que "no es un paquete de medidas de simplificación y de mejora regulatoria de la Junta de Andalucía". Frente a ello "se agilizan muchos procedimientos, sobre todo los que tienen que ver con negocietes muy del gusto del PP", y "ninguno de los que tienen que ver con la relación cotidiana de un ciudadano que necesita de la Junta una prestación, una ayuda, un asesoramiento, o poderse beneficiar de los derechos que le otorgue una ley de dependencia o una valoración de discapacidad".
![Maribel Mora esta mañana en el Parlamento de Andalucía.](/2024/02/21/andalucia/Maribel-Mora-manana-Parlamento-Andalucia_1877822535_204723459_1200x675.jpg)
Maribel Mora esta mañana en el Parlamento de Andalucía.
No ha sido la única voz que se ha escuchado esta mañana en el Parlamento en contra del decreto de simplificación. La portavoz adjunta de Adelante, Maribel Mora, ha llamado "chanchulleros" a la Junta de Andalucía por haber incluido una previsión sobre suelos forestales que ya contenía la Proposición de Ley sobre regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal del Parque de Doñana y cuya tramitación se paralizó tras el acuerdo de Junta de Andalucía y Gobierno.
Mora ha sostenido que al Gobierno andaluz "le han cogido con el carrito del helado" por el hecho de insistir en una reforma de la Ley Forestal de Andalucía "para seguir indultando a personas que no habían podido antes". La explicación que ha dado la parlamentaria de Adelante para que el decreto-ley de simplificación administrativa recupere la previsión de cambiar la Ley Forestal es que "faltaban agricultores con terrenos forestales que no estaban incluidos en la amnistía". Mora ha calificado de "supertorticero" este ejercicio además de afear a la Administración andaluza que "miente" cuando dice que "están trasponiendo la ley estatal" tras poner de manifiesto que "ni siquiera se corresponde con la ley estatal", convencida de que "han llegado a un acuerdo con unos señores que han tenido una actividad ilegal y les van a ayudar a toda costa".
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