El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra un auto de un juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla que se pronunció a favor del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y denegó la suspensión de la cuarta convocatoria de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía.

Desde 2012 el Gobierno central pugna contra esta medida de la Junta destinada a lograr un ahorro del gasto farmacéutico. El pasado septiembre el contencioso desestimó la petición de medidas cautelares solicitada por el Gobierno central para impedir esta subasta y la Junta siguió adelante con una medida que le permitiría, según dijo, un ahorro de 200 millones de euros al año.

No obstante, según desveló ayer el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, desde que comenzó a implantarse esta medida se han ahorrado 120 millones de euros, algo "nada desdeñable" tratándose de un ahorro que repercute en beneficios públicos y censuró las "zancadillas" del Gobierno a pesar de la eficacia de la medida, "que sólo beneficia a las patronales farmacéuticas".

El TSJA establece que el recurso de la Abogacía del Estado "no aclara las razones por las que la Junta de Andalucía incumple con la legalidad" y establece que "la normativa analizada salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas para adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios". Para el TSJA, "no cabe afirmar que la Junta de Andalucía ha obrado en extralimitación competencial". La cuarta selección pública de medicamentos incluía 251 principios activos diferentes de 136 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes.