"UGT-A institucionalizó el fraude de las subvenciones, lo pactó con los proveedores". Este ha sido el duro alegato del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto para rechazar la cuestión previa de las defensas respecto a que se había producido una investigación "inquisitorial" por parte de la juez Mercedes Alaya en el caso de las facturas falsas en el que se reclaman más de 40 millones a la organización sindical como responsable civil subsidiario.

Frente a las argumentaciones de las defensas, que han pedido que se declaren nulas todas las actuaciones porque proceden de la denuncia de un ex trabajador de UGT-A que fue condenado por revelación de secretos, el fiscal ha defendido el inicio de la investigación, que ha desmarcado claramente de la filtración de documentos por parte de este trabajador.

Y para ello, el fiscal ha relatado cómo arrancó esta investigación en el mes de septiembre de 2003, cuando el juzgado de Instrucción investigaba el caso de los ERE y en concreto se analizaban cómo se ofrecían a los empresarios "el pack de ayudas", entre los que se incluían fondos para los cursos de formación. En el marco de esas investigaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que entre las personas que podrían haber recibido ayudas para la formación se encontraba el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, por lo que "es lícito" que los agentes se plantearan la investigación de la formación, por lo que se pidieron en principio una serie de pruebas documentales a los organismos públicos.

A continuación, ha añadido el fiscal, apareció el testigo estrella de la macrocausa de la formación, Teodoro Montes, el que fuera jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional. Fue este testigo quien apuntó a los agentes sociales, a los sindicatos y a la patronal como beneficiarios del fraude, y hasta ese momento, ha hecho hincapié Fernando Soto, "no había aparecido" el ex trabajador de la UGT-A Roberto Macías, sino que había "indicios suficientes para pensar que se solicita a los proveedores falsear las facturas para engañar a la Junta".

El fiscal ha destacado en concreto un oficio de la UCO de agosto de 2013 en el que se informa a la juez Alaya de que otras de las actividades de la UGT-A consistían en el "mantenimiento de un depósito financiero" con las empresas contratadas, lo que llevó a la organización sindical a "implementar un sistema de fraude en el que tuvieron que crear" una aplicación informática propia, un programa denominado Spyro.

"Falciani es la propia UGT-A"

Las defensas habían comparado lo ocurrido en la UGT-A con el caso Falciani, el informático que robó datos de clientes de HSBC Suiza que acabaron en manos de distintas Haciendas, entre ellas, la española, pero el fiscal ha respondido que en este caso "Falciani es la propia UGT". En este sentido, Fernando Soto ha revelado que fue la propia organización sindical la que, en el marco de un conflicto para despedir a unos trabajadores, acudió a una notaría para hacer "una copia" de un disco duro de la organización.

Y la existencia de ese disco duro fue trasladada finalmente al decanato de los jugados de Sevilla y la juez Mercedes Alaya dictó un auto incorporando ese disco duro a las actuaciones, por lo que, según el fiscal, ha sido el mismo sindicato "el que se ha autoprefabricado su prueba en contra". "¿Qué tiene que ver Roberto Macías con este disco duro?", ha acabado preguntándose el fiscal, quien ha añadido que este ex trabajador no fue a la UCO a "decirle nada" y las entradas y registros en UGT se produjeron en diciembre de 2013, antes de que Macías prestara declaración ante los investigadores, una comparencia que tuvo lugar el 15 de enero de 2014.

Por todo ello, el fiscal ha concluido que en este proceso "no hay nada viciado", por las fuentes de prueba son las entradas y registros practicadas por la UCO y ese disco duro aportado por el sindicato en una notaría. El fiscal ha señalado que en este caso no se puede culpar "a la malvada UCO o a un señor que se va a la prensa, porque la investigación y los indicios están basado en los datos y correos electrónicos, y no tienen nada que ver con Roberto Macías".