El inspector Antonio José Chiappi Cáceres ha sido designado como nuevo jefe de la unidad de Policía adscrita a los juzgados de Sevilla, en sustitución de Rafael Salvador, al que la juez Mercedes Alaya apartó hace dos años de la investigación de los ERE para entregársela a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El nombramiento de Antonio José Chiappi se había producido hace ya algún tiempo, pero es ahora cuando se va a hacer efectivo una vez tenga conocimiento del mismo la junta local de Seguridad. Este inspector sustituye en el puesto a Rafael Salvador, que fue quien inició las pesquisas en torno al caso Mercasevilla, del que se derivó el escándalo de los ERE.

La juez Mercedes Alaya decidió relevar a la Policía Judicial de la investigación y entregársela a Guardia Civil después de que este inspector le pidiera únicamente un refuerzo técnico dada la magnitud y complejidad de las pesquisas encomendadas. El jefe de la unidad de Policía adscrita a los juzgados, el inspector Rafael Salvador, envió el 20 de junio de 2011 un oficio a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la que ponía en conocimiento de la instructora que el volumen de documentación aportado en la causa de los ERE es de tal envergadura que su estudio "excede con mucho las capacidades técnicas" de la unidad.

De ahí que el responsable de la Policía Judicial considerara necesario, para el correcto análisis de la información, la "participación de expertos en materias como informática, urbanismo, seguros, contabilidad o administración de empresas", entre otros. El oficio policial concluía solicitando a la juez Alaya que los informes técnicos y periciales se encargaran a peritos expertos en cada materia. "Con esto se pretende liberar, en la medida de lo posible, a esta unidad policial de la sobrecarga de trabajo que viene arrastrando, fundamentalmente por parte de este juzgado, lo que impide que otros asuntos e investigaciones encomendado por el resto de órganos judiciales sean atendidos del modo que merecen".

La respuesta de Mercedes Alaya a esta petición fue fulminante y radicalmente opuesta a la petición de la Policía. El mismo día en que recibió el oficio de la Policía -el 20 de junio- la juez dictó un auto en el que acordó el relevo de esta unidad, una decisión que justificó en la "ingente documentación aportada y la diversidad geográfica que abarca la investigación", así como en la carencia de medios de la Policía Judicial para llevar a cabo una investigación en la que estos agentes participaban desde hace más de dos años.

La sustitución de la Policía por la Guardia Civil generó un profundo malestar en el seno del Cuerpo Nacional de Policía e incluso algunas fuentes apuntaron a motivos de índole "política" más que a la falta de medios que padece la unidad. Alaya no dio explicación alguna a los policías, con los que ni siquiera tuvo un gesto de agradecimiento por el trabajo realizado. Otras fuentes indican unas posibles desavenencias entre la juez y el jefe de la unidad adscrita como motivo verdadero del relevo más allá de la falta de medios y de la complejidad de la investigación.

De hecho, la decisión de Mercedes Alaya se produjo en el momento en que la unidad de Policía Judicial contaba con mayor dotación de personal y mejores medios de los últimos años. Buena parte de esta laboriosa investigación había sido asumida en unos tiempos en los que la unidad sólo contaba con cuatro policías, mientras que en el momento del relevo eran nueve los funcionarios que la componían. Prueba de la falta de personal que padecía el grupo antaño fue una ocasión en la que hubo que organizar cinco registros simultáneos y sólo había cuatro agentes para ello. Sin embargo, al ver que la investigación avanzaba pese a la escasez de personal, la Jefatura decidió reforzar a la unidad con más policías. Esto permitió a los cuatro agentes que habían iniciado la investigación dedicarse de lleno a la trama de los ERE y tener más libres a otros policías para el resto de funciones necesarias en los juzgados de Sevilla.