El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha iniciado la investigación relacionada con el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, aunque no le ha imputado por el momento ni a él ni a las otras cuatro personas que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas ha dictado una providencia en la que acepta la práctica de todas las diligencias de investigación propuestas por la Fiscalía, salvo las que se refieren a la toma de declaración como imputados de estas personas. Sobre las imputaciones solicitadas, la decisión se ha condicionado a que el atestado policial confirme los indicios del delito de malversación que ha expuesto el Ministerio Público e incluso a que estas personas puedan prestar declaración ante la Policía, según confirmando fuentes del caso.

La Fiscalía Anticorrupción dio un primer paso esta semana para impulsar la investigación relacionada con las presuntas irregularidades detectadas en la empresa pública Invercaria, al solicitar al juzgado que tome declaración como imputados al ex presidente de la sociedad de capital riesgo Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al apoderado Antonio Nieto Garrido, y a tres empresarios relacionados con la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

La Fiscalía, en un escrito remitido al juez, solicitaba asimismo que se tomara declaración al presidente de la empresa Novasoft Francisco Barrionuevo Canto, al representante de la sociedad Innovaes Formas de comunicación Juan Antonio Bardón, y al representante del grupo Imagen. En el documento remitido al juzgado, la Fiscalía cita precisamente un acuerdo suscrito el 26 de noviembre de 2009 entre Francisco Barrionuevo, en nombre de Novasoft Corporación Empresarial, y Tomás Pérez-Sauquillo, en representación de Invercaria y como presidente de Fiva, en el que se detalla que Novasoft ha facturado 879.189,38 euros, una cantidad de la que queda pendiente el pago de 320.279,02 euros, y también que Novasoft "prestó" a FIVA 445.000 euros y que con ese préstamo se saldaron todas las deudas pendientes con la sociedad Novasoft.

La Fiscalía concluye que los hechos derivados de esos acuerdos, "de forma provisional e indiciaria y sin perjuicio de otros ilícitos penales que se pudiesen determinar en la instrucción, pudiesen ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos" del artículo 432 del Código Penal. La Fiscalía también ponía de manifiesto que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) concedió a FIVA, con fecha 21 de diciembre de 2007 una subvención, en forma de incentivos, de 239.915,78 euros, como parte de un "compromiso de inversión por 773.921,88 euros".

Anticorrupción requirió igualmente al juzgado para que se solicitara a Invercaria al objeto de que aporte diversa documentación, como el estado actual de la inversión en capital en FIVA y los préstamos concedidos, y pidió que se recaben de los auditores de Invercaria todas las operaciones relacionadas con dicha empresa. El juez ha admitido la realización de estas diligencias.

El presidente de Novasoft, Francisco Barrionuevo, defendió que las prácticas de su empresa son "impolutas", después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado su imputación en el proceso.

La investigación de las presuntas irregularidades en Invercaria se produjo como consecuencia de la denuncia presentada por el ex director de Recursos de esta sociedad pública Cristóbal Cantos y en esta investigación se trata de determinar si hubo un desvío de fondos de IDEA a Invercaria o un "segundo fondo de reptiles", como denunció en su día el PP, que está personado como acusación popular en este proceso y en el que surgió a raíz del escándalo de los ERE fraudulentos.