Los juzgados y tribunales de Andalucía son los que soportan la mayor carga de trabajo de todo el país, al tramitar sus magistrados una media de 2.151 asuntos el pasado año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras Andalucía, se sitúan la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que superan también los 2.000 asuntos por juez y año. En 2011 entraron 1.906.039 asuntos en los juzgados y tribunales andaluces, en los que había una planta judicial de 886 jueces. La media nacional se sitúa en los 1.748 asuntos por juez y año, una cifra muy alejada de otros países europeos, que resulta de la división de los 9.041.442 asuntos que entraron en los juzgados y tribunales españoles en 2011 entre los 5.171 jueces de todo el Estado.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, considera que, para conseguir una justicia eficaz, además de adoptar medidas de modernización y aumentar el número de jueces, es necesario modificar las leyes procesales para reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales.

Llarena reclama un esfuerzo económico para impulsar la nueva oficina judicial y poner en marcha el expediente judicial electrónico con el fin de facilitar la tramitación informática de los procesos y abandonar las comunicaciones por carta o telegrama.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, indica que en España la media es de once jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la Unión Europea es de veinte, lo que genera un retraso en la resolución de los asuntos pendientes. Bosch reclama además un cambio del modelo de oficina judicial vigente para contar con una estructura organizativa que funcione de manera más fluida, tras el "fracaso" de la experiencia piloto desarrollada en varias ciudades españolas.

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, reclama "un cambio de mentalidad" para reducir el "culto al litigio", además de la adopción "urgente" de medidas de agilización procesal y la potenciación de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.

González Armengol propone una revisión de determinadas materias que serían susceptibles de ser resueltas fuera del ámbito judicial como ocurre en Alemania con las reclamaciones cuantitativas que no superan los cien euros.

Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Angel Dolado, plantea la duplicación del número de jueces para resolver los asuntos pendientes en menos tiempo, así como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y el impulso de las nuevas tecnologías.

Dolado destaca el incremento de asuntos en las jurisdicciones social, civil y mercantil, que alcanzó su máxima expresión en 2009 y que llegó a niveles muy altos en 2011, de forma que "el déficit de la plantilla de jueces resulta inasumible".

La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, apuesta por optimizar los recursos disponibles, impulsar la interconexión de los sistemas informáticos, potenciar los tribunales de instancia y reformar el sistema penal, entre otras medidas, para contribuir a descongestionar la administración de justicia.

Andalucía, con 2.151 asuntos por juez y año, Madrid, con 2.043, la Comunidad Valenciana, con 2.001; Murcia, con 1.990, y Cataluña, con 1.795, son las cinco únicas autonomías que se sitúan por encima de la media nacional.

En el extremo opuesto, por debajo de la media nacional, figuran Asturias, con 1.191 asuntos por juez y año, La Rioja, con 1.104, el País Vasco, con 1.303, Castilla y León, con 1.382, y Extremadura, con 1.425. La carga de trabajo de los juzgados y tribunales descendió un 3,4 por ciento en el año 2011 con respecto a 2010, al disminuir en 314.084 pasando de 9.355.526 a 9.041.442, mientras que el número jueces creció un 3,6 por ciento en el mismo periodo, al aumentar en 187 pasando de 4.984 a 5.171.