Casi un año después de que se cumpla el plazo fijado por la Ley para que las ciudades y municipios con más de 50.000 habitantes implantasen su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los vecinos de Motril continúan a la espera de saber la decisión que adopta el Ayuntamiento de la ciudad y qué zonas estarán restringidas para aquellos vehículos que no cumplan con la nueva directriz. Es uno de los grandes deberes pendientes que tiene por delante la Corporación Municipal, que asegura que está trabajando en ello. Algo que ha motivado que el Defensor del Pueblo inicie actuación de oficio para averiguar el motivo de dicho retraso en la implantación de la ZBE en la que la capital de la Costa Tropical, así como en otra treintena de ciudades españolas. 

La medida supondrá la restricción de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Lo que hará que muchos coches no puedan acceder al centro de la ciudad desde el momento en el que se active. De hacerlo, serían multados, aunque se estudiarían diferentes alternativas para que, por ejemplo, los propietarios e inquilinos de viviendas del centro de la ciudad pudiesen accede sin problema. 

Desde la oficina del Defensor del Pueblo recuerdan que el artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.

Respecto a las actuaciones de oficio, abiertas por el Defensor del Pueblo, destaca que siguen dos criterios. Por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Motril.

El Defensor del Pueblo añade que el segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que "se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE", de lo cual la institución "tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos".

Según aseguran desde la oficina del DP de los 18 municipios a nivel nacional que aún no han iniciado la tramitación de la ZBE, cuatro son de Andalucía: Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda, en Cádiz; Mijas, en Málaga y Motril.

El pasado mes de septiembre, con la presentación de la Smart City, un nuevo modelo de ciudad, este periódico solicitó información al Ayuntamiento de Motril para conocer los pasos que se estaban dando para establecer una Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad y, aseguraban que, aunque en ese momento no era posible conocer una información más detalla, se estaba trabajando en dicho proyecto que se complementaría con el ya presentado de Smart City.

Sobre el anuncio del Defensor del Pueblo, el portavoz de IU -Verdes Equo, José García Llorente, señala que no es un anuncio que llegue de nuevas al Consistorio, "en septiembre presentamos una moción al Pleno del Ayuntamiento a la vista que a lo largo de todo el año no se habían puesto en marcha actuaciones directamente relacionadas con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. En la moción que se aprobó por unanimidad ya advertíamos que podía haber sanciones por el incumplimiento, por tanto sabíamos que esto iba a pasar". 

García Llorente lamenta que no se haya implantado ya una ZBE en el  municipio, lo que "evidencia de alguna forma la falta de responsabilidad del Gobierno local con la sostenibilidad ambiental, con los objetivos de disminución de emisión de gases de efecto invernadero, y de alguna manera, con la salud en la ciudadanía".

Por otra parte, sobre los posibles pasos que se podrían estar dando desde el Ayuntamiento para aplicar esta medida, asegura desconocer si se está haciendo algo ya que "en el pleno nos insistieron en que se iban a dar los pasos necesarios para su implantación, pero viendo el presupuesto para 2024 no vemos ningún incremento en la partida de movilidad, aunque entendemos que si estará contemplado porque no nos quedará más remedio que acatarlo". 

La ZBE de Motril, en marcha

Desde el Ayuntamiento de Motril aseguran que actualmente, están trabajando en la elaboración del proyecto por parte de una empresa externa. De hecho, "se pondrá a exposición pública para la presentación de alegaciones durante 30 días en estas semanas. Es cierto que vamos tarde, pero no con mucha diferencia del resto de municipios, estamos trabajando en ello para su implantación desde hace bastante tiempo. Las medidas que se van a implantar son las que nos impone la ley en función del numero de habitantes y el nivel de contaminación de la ciudad". 

Al hilo, aseguran que "la empresa que está elaborando el proyecto nos hará una serie de propuestas, pero es la corporación quien decide hasta donde se va a establecer. Es decir, en enero todo eso se determinará con la ordenanza municipal. Realmente no es verdad que no vayamos avanzados, hemos trabajado mucho en este tema".

Por otro lado, inciden en que el Ayuntamiento ha adoptado varios acuerdos sobre la Zona de Bajas Emisiones, ya que, por ejemplo, el Pleno acordó la implantación de la zona. "Hay otro acuerdo solicitando una subvención a la Junta de Andalucía del plan de impulso al medio ambiente. Se adjudicó el contrato a la empresa que está realizando el proyecto para la realización del estudio de la zona de bajas emisiones y antes de que acabe el año lo tendremos listo. Tenemos un borrador de la zona, estamos en estudio".

En septiembre, la corporación municipal presentó la 'Smart City', un proyecto con el que se apostaba por la incorporación de las nuevas tecnologías y herramientas digitales para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes. En concreto, entre las acciones contempladas se encontraba la instalación de más de una treintena de cámaras de seguridad repartidas por todo el municipio que permitirían, por ejemplo, controlar el número de aparcamientos disponibles en la playa, o controlar el tráfico. En este sentido, desde el Consistorio municipal aseguran que dicho proyecto está relacionado con la futura implantación de la ZBE pero no con las cámaras de seguridad implantadas. 

Inciden en que la subvención solicitada es para la colocación de cámaras de acceso al municipio y medidores de contaminación, una regulación que se hará con cámaras distintas de la Smart City, aunque la APP "sí podrá integrar elementos de la zona de bajas emisiones".