Solo en dos ocasiones. El Ayuntamiento de Salobreña ha dictado una "resolución de inicio de baja de oficio" del padrón municipal de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, tras no poder "acreditar y constatar" la Policía Local que reside en la casa donde se empadronó, tras dos visitas a las inmediaciones del inmueble.

Motivo por el que desde el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Salobreña (Siplg), aseguran que pese a que se ha informado de una supuesta investigación para determinar si la candidata de Vox reside en el municipio, "no se ha realizado ninguna investigación detallada en este caso concreto, como tampoco se realizan de forma habitual en los demás empadronamientos que se nos encomienda".

Y señalan que, entre otros motivos, no es posible al no transcurrir "el tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio". Por lo que dicho informe no sería suficiente para determinar si Olona hace uso de la vivienda de forma asidua.

Desde el sindicato aseguran estar asombrados por la "fluidez" y "urgencia" con la que se ha realizado el asunto, ya que es "poco habitual en lo relativo a la tramitación de las altas y bajas en el padrón municipal".

Tras unas primeras declaraciones realizadas por la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, en las que daba a conocer  que la tramitación del alta en el padrón realizado en noviembre estaba  conforme a ley dado que el titular de la vivienda dijo que Olona vivía en su casa, y tras el revuelo mediático que se ha levantado, el Ayuntamiento de la Villa dictó una "resolución de inicio de baja de oficio" de este padrón al no cumplir con la obligación de residir en la vivienda donde está inscrita,  después de que la Policía Local no pudiese "acreditar y constatar" que esta resida en la casa donde se empadronó y que es propiedad del concejal de Vox en el Ayuntamiento, Manuel Martín.

Un procedimiento, el iniciado por el Ayuntamiento, que no implicaría, inicialmente, la baja del padrón municipal ya que se establece un plazo de alegaciones para la interesada de 15 días, y posteriormente la administración municipal realizaría su pronunciamiento y una resolución del expediente.

Por último, desde el Siplg muestran su apoyo y reconocimiento a los trabajadores encargados de realizar dichas averiguaciones, por actuar "de forma totalmente independiente y profesional", y recuerdan que la Policía Local ejerce sus funciones de forma imparcial, tal y como le otorga la responsabilidad del funcionariado público, por lo que piden que no se utilice al cuerpo de seguridad en asuntos políticos.