La venta de Los Cármenes como eje central de las directivas que se sucedieron al frente del Granada CF desde mediados de los 70 hasta la inauguración efectiva del nuevo estadio, en 1995. Todo un clásico de las páginas deportivas locales en esos años, que en enero de 1983 saltó a las de política general cuando el Ayuntamiento que presidía el socialista Antonio Jara frustró una operación millonaria firmada entre el presidente del club, Cándido Gómez Álvarez, y el constructor granadino Nicolás Osuna y su inmobiliaria Inonsa.

"Mañana se publica en la prensa una noticia que me va a tener sin dormir varios días". A Jara le oyeron esta frase un grupo de allegados la misma tarde en que la Cabalgata de Reyes Magos recorría las calles de Granada. La noticia en cuestión era la que daba cuenta de la venta del estadio, firmada la mañana del 5 de enero de 1983 por Candi y Osuna. Inonsa entregó ese día al club un anticipo de 25 millones de pesetas con cargo al negocio proyectado en el solar de la Carretera de Jaén.

El acuerdo contemplaba la edificación en la parcela hasta entonces deportiva de un sinfín de pisos en base a la edificabilidad que en la zona contemplaba el Plan de Urbanismo vigente, aprobado en 1973 por una corporación no democráticamente elegida, que se rendía a la voluntad de los constructores.

Entre otras cosas, arramblaba con la Huerta de San Vicente, se llevaba por delante el barrio de San Matías mediante la prolongación de la Gran Vía hasta conectar con Puerta Real y acorralaba los paisajes altos de la ciudad merced al expansivo crecimiento por la Vega con altos volúmenes de construcción.

La primera crisis del petróleo, que vino a coincidir con la entrada en vigor del Plan, suavizó los efectos de algunos proyectos que hubiesen tenido consecuencias irreparables en el urbanismo de la ciudad, muy dañado por el 'desarrollismo' a ultranza de los años 60.

En las elecciones de 1979 todos los grupos políticos, a derecha e izquierda, presentaban en su programa la necesidad de un Plan de Urbanismo que frenase la destrucción e impusiera orden en el caos anterior. El avance del Plan, presentado profusamente en 1982, adelantó las líneas maestras del texto cuya redacción provisional fue presentada dos semanas después de la firma del acuerdo entre Inonsa y el Granada CF.

Terrenos donde se ubicaba el antiguo estadio de Los Cármenes.

Frente al Plan de 1973, el ahora Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reservaba al solar de Los Cármenes una notable reducción de edificabilidad al calificarlo como zona de equipamientos. Y, en consecuencia, una considerable rebaja en la expectativa de negocio de la inmobiliaria.

Porque la redacción del PGOU, cuyo texto fue definitivo en 1984, conllevaba una suspensión cautelar de licencias. El duelo era inevitable: el Granada e Inonsa alegaban que su proyecto en la zona se sujetaba a un texto legal y vigente. El Ayuntamiento replicaba: Candi y Osuna conocían la inminente suspensión de licencias y la consiguiente rebaja de edificabilidad en el área urbana de Los Cármenes como determinante de la acelerada operación de venta del estadio.

La polémica urbanística y política se desarrollaba en un escenario de previsible éxito deportivo del Granada CF. La salida de Cándido Gómez en 1976 había conllevado un paulatino descenso del club en su cotización deportiva hasta los infiernos de Segunda B. Las directivas que sucedieron a Candi también pusieron en la venta de Los Cármenes toda su esperanza de saneamiento en la lacerada economía del club.

El presidente de la época dorada, que había regresado en el verano de 1981, tras una temporada gris, había reunido en esta 82-83 un plantel joven muy ajustado a la categoría con el que había conseguido recuperar público en las gradas de Los Cármenes, esperanzados todos en un éxito que se presentía. El Granada siempre estuvo ese ejercicio en puestos de ascenso.

El ascenso presentido coincidiría con la convocatoria electoral: mayo del 83. ¿Trató Candi de lanzar un pulso al alcalde Jara en su mayor índice de popularidad? ¿Estaría el alcalde en disposición de desafiar la impopularidad y oponerse a la operación que saneaba las arcas del club cuando en mayo la afición saliese masivamente a la calle, según el ritual de otros ascensos, celebrando el reingreso en la Segunda División?

Jara, en aquellos días de enero de 1983, todavía no era el personaje pasivo que años después transigiría con la desaparición de la Caja y tomó el toro por los cuernos: al Granada CF le ofreció su patrimonio personal, "hasta la chaqueta que llevo puesta", según explicó con gesto ostensible en la multitudinaria rueda de prensa en que defendió con ardor las bondades del PGOU y la nueva legalidad urbanística que, por fin, reinaba en Granada.

Las dos tesis enfrentadas serían resueltas en 1990 por el Tribunal Supremo, en el pleito planteado por el club: la alta instancia judicial dictaminó que el Ayuntamiento actuó con ajuste a derecho cuando decidió la suspensión de licencias en la fase previa a la aprobación definitiva del PGOU como salvaguarda a sus contenidos. Lo contrario, dijo el Supremo, sería desvirtuar las esencias del Plan. Eso sí, la sentencia obligaba a una pequeña indemnización al Granada CF, que, en cualquier caso, había tenido que devolver los 25 millones que anticipó Inonsa.

Pero mucho antes del fallo del Tribunal Supremo, en mayo de 1983, Antonio Jara –en el mejor momento de su carrera política y de la marca PSOE– consiguió la mayoría absoluta y el más alto resultado electoral de los socialistas en Granada capital. Y el Granada CF por esas fechas alcanzó sus objetivos deportivos con el ascenso a Segunda División. Y (casi) todos contentos.