El grupo socialista confía conseguir que el proyecto de ley de equidad y universalidad en el acceso a la sanidad pública salve este jueves su primer escollo en el Congreso e inicie la tramitación parlamentaria con el apoyo de Unidas Podemos y, previsiblemente, de sus socios de investidura.

El proyecto de ley, que deroga parcialmente la Ley 15/1997 de privatización de José María Aznar, llega al Congreso con cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, Cs, JxCAT y PdeCat, que se votan conjuntamente, y el acuerdo alcanzado entre socialistas y Unidas Podemos de hacer cambios en la ley durante la tramitación parlamentaria para cerrar la puerta a posibles privatizaciones, extremo que preocupaba a los de Podemos.

También Bildu y ERC negocian in extremis con Sanidad un compromiso para salvaguardar las competencias autonómicas y fuentes de formación abertzale vasca señalan que solo votarán en contra de las enmiendas de devolución si consiguen un compromiso firme.

En este sentido, JxCAT y PDeCAT han avanzado que incluso retirarían sus enmiendas si la ministra afirma públicamente o hay un compromiso escrito de que se mantendrá en la ley el modelo catalán sanitario, que en su opinión es un modelo concertado que no tiene nada que ver con la privatización.

"Es una gestión privada de uso público que goza de una red de excelencia y a la que acceden todos", señalan desde JxCAT al tiempo que afirman que "nada tiene que ver" con la "voraz" privatización sanitaria que en su opinión hay en la Comunidad de Madrid.

Los nacionalistas catalanes amenazan con impedir que se constituya la ponencia de esta ley si el Gobierno no garantiza las competencias autonómicas en materia sanitaria y afirman que incluso dentro del PSC hay preocupación.

Mientras los populares no han avanzado su sentido del voto frente a las enmiendas de devolución, si bien han criticado la desunión del Gobierno de coalición ante las críticas al texto de Unidas Podemos.

El proyecto de ley, aprobado en junio en Consejo de Ministros, ha sido presentado por el Ministerio de Sanidad como una norma que blinda la sanidad pública, impide el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y considera la gestión directa como el modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones público-privadas.

Es esa "excepcionalidad" una de las cuestiones controvertidas del texto ya que está por concretar qué se entiende por circunstancias excepcionales que permitan la externalización de un servicio público a entidades privadas, y en qué tiempos.

Aquí, Unidas Podemos ha argumentado que bajo esa definición de excepcionalidad cualquier comunidad podría seguir privatizando "con la misma libertad que en estos momentos", poniendo de ejemplo a la Comunidad de Madrid y el "silencio sepulcral" a esta ley por parte del PP, que baraja abstenerse en la votación de las enmiendas.

Desde un principio el texto no ha convencido a Unidas Podemos por no establecer, en su opinión, límites reales a la privatización. Ese recelo llevó a la formación morada a anunciar a principios de semana que no apoyaría la ley si no se revertía la privatización, si bien ese ultimátum decayó 48 horas más tarde tras negociar con la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, cambios en la tramitación parlamentaria.

La reticencia de algunas comunidades autónomas a que la ley invada competencias en materia sanitaria ha llevado al PdeCat y a JxCat a presentar sendas enmiendas a la totalidad.

No obstante, el Ministerio de Sanidad ha dejado claro que la ley respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades y contempla una modificación para facilitar que las autonomías puedan revertir la privatización de centros sanitarios.

También Vox ha presentado su enmienda de devolución por entender que el texto es "inoportuno y contradictorio en sí mismo", "reconoce que la gestión de la asistencia sanitaria es insuficiente" y "no articula mecanismos de mejora".

Por su parte, Cs ha justificado su enmienda por el hecho de que, en su opinión, el texto no aborda los principales problemas que afectan a la sanidad y "cercena la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud".

El proyecto de ley también ha hecho reaccionar a las asociaciones de profesionales sanitarios. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha trasladado al Ministerio un manifiesto en el que piden que la norma "cierre el paso" a nuevas privatizaciones y revierta lo privatizado.