La nueva normalidad tiene sus esquinas. Cierre perimetral, toque de queda, limitación de aforo y de agrupación de no convivientes y ¡ay! suspensión de la docencia teórica presencial en la Universidad de Granada. Esta restricción –cuidado, fue  de las primeras que se tomaron cuando comenzó a despuntar la segunda ola– finaliza hoy, lunes , jornada en la que se retomará el curso en el punto en el que se dejó el pasado 14 de octubre en las cuatro escuelas técnicas superiores, 17 facultades y un centro adscrito. Seis meses después vuelven las clases bajo el modelo de “presencialidad segura” que se pergeñó en la pasada primavera para su estreno el 21 de septiembre. Regresa la docencia semipresencial que permitirá a parte del estudiantado de la UGR entrar de nuevo en escuelas y facultades. Se reabren las bibliotecas, se puede ir a los comedores –el menú para hoy es arroz a la cubana, filete de cerdo con calabacín frito y, de postre, naranja– y se eliminarán, parcialmente, las pantallas que tanto han marcado el proceso de enseñanza-aprendizaje en este medio año.

La Junta no se anduvo con chiquitas tras las imágenes de la calle Ángel Ganivet de Granada en el puente del Pilar. Tras apuntar directamente a las residencias y colegios mayores, disparó. El 14 de octubre se determinó el paso de la docencia semipresencial a un modelo online para las clases teóricas a partir del día siguiente, el 15 de octubre. Aquello sentó muy mal en la comunidad universitaria. Se había hecho un notable desembolso para adaptar los centros a la nueva normalidad (dos millones de euros en compra de, entre otros elementos, cámaras para la docencia sincrónica), se habían diseñado dos planes (uno para docencia híbrida y otro adaptado a un escenario de confinamiento estricto como el padecido en marzo de 2020) y habían regresado a Granada los cerca de 26.000 estudiantes de otras provincias de los 45.000 que están matriculados en grados de la UGR.

La decisión de la Junta se tomó por dos semanas y obtuvo una dura respuesta por parte de la rectora, Pilar Aranda, – “Dejan abiertos los bares y cierran las aulas”– y de los decanos y directores de escuelas. Se aplicaba un toque de queda en las residencias y colegios mayores difícil de entender y se obligaba a readaptar la docencia a un escenario que no se correspondía a ninguno de los dos planes diseñados en los meses anteriores. Después de Granada, el resto del sistema universitario andaluz anduvo el mismo camino y se suspendió la docencia presencial de Huelva a Almería, medida que se estiró con sucesivas prórrogas pese a los llamamientos desde los rectores y la propia CRUE de la necesidad de mantener la presencialidad en la medida en la que fuera posible. Se mantuvo la presencialidad de las prácticas experimentales y de laboratorio, las asignaturas de practicum o prácticas externas, las prácticas de campo, las prácticas clínicas en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El 24 de noviembre se comunicó mediante una resolución de la rectora la decisión de mantener la situación de docencia teórica online hasta la finalización del primer semestre y se añadía que los exámenes sí serían presenciales. Aquello levantó las críticas del estudiantado, obligado a regresar para evaluarse en enero de materias que habían tenido que asimilar, en mayor o menor medida, de forma virtual. Finalmente, la UGR decidió que fueran los departamentos los que decidieran el modelo de evaluación del primer semestre, con un llamamiento a apostar por la evaluación continua. El 80% de las pruebas del periodo de exámenes fueron virtuales, el resto, presenciales. En estos meses se compraron lotes de equipos informáticos para su préstamo a estudiantes sin medios para seguir las clases a distancia.

Enero fue intenso. El 13 de ese mes se comunicó que el segundo semestre comenzaría de forma online para las clases teóricas. El 15 se reabrieron las salas de estudio, que a los seis días recortaron el horario ante la petición de la Junta al Gobierno central de adelantar el toque de queda –cuestión que finalmente no se modificó– y el 19 comenzaron los exámenes. El primer día se despachó con problemas en la plataforma de recursos informáticos que emplea la UGR, Prado, y aquello terminó con la afirmación de la rectora de que se habían denunciado al menos dos presuntos casos de copia grupal en sendos exámenes virtuales. El 27 se produjo un ataque informático que fue denunciado ante la Policía Nacional.

Febrero comenzó con el anuncio de que las clases serían online al menos hasta el 26 de marzo –jornada que coincidía con el viernes de Dolores– en la línea de lo que ya habían aprobado universidades como la Pablo de Olavide o Cádiz. El 17 de marzo se reclamó, por boca de la rectora, “el mismo trato” que al resto del sistema educativo. No sólo no se habían cerrado colegios o institutos. El cierre de facultades únicamente se había prolongado en Andalucía, ya que en el resto de universidades en las que se aplicó esta medida –como Salamanca o Valencia–, ésta fue muy limitada en el tiempo. El pasado día 23 se anunció que, si la situación lo permite, las clases se retomarían a la vuelta de Semana Santa, concretamente hoy lunes. El jueves de la pasada semana se publicó un protocolo que permite a aquellos matriculados que no puedan volver a Granada seguir con las clases desde su casa. Cada paso dado en estos meses ha venido aliñado por críticas de distintos colectivos, fundamentalmente entre los estudiantes, que viven su segundo curso marcado por el Covid-19.

Y hasta hoy. Vuelven las clases teóricas presenciales, aunque nadie puede aventurar cómo acabará el curso. La Junta ató en el BOJA del pasado 8 de abril que si Granada vuelve al máximo nivel de riesgos de nuevo la docencia teórica será virtual.