Hace unos meses, la Asociación RedUNE -entidad dedicada a la "prevención sectaria y del abuso de debilidad" que desde hace décadas "lucha por la dignidad de las personas, secuestradas en su libertad por grupos denominados sectas", a las que prefieren denominar como "grupos coercitivos"- conoció el caso de que en el colegio Escolapios de Granada se había alertado a los padres de la llegada al centro de una red de captación de jóvenes, muchos de ellos menores, a nivel mundial que se presentaba como plataforma de formación en trading (compra-venta de acciones a través de una plataforma online para obtener rentabilidad a corto plazo). A partir de entonces, Carles Tamayo, un youtuber conocido como Tamayo, comenzó una serie de reportajes online sobre este tipo de práctica cuyo destape ha hecho que varias familias afectadas se unan en torno a RedUNE y estén preparando una demanda colectiva contra lo que se presupone que es una estafa piramidal, algo que abordarán en una reunión telemática este fin de semana.

Como ya adelantó este martes Granada Hoy, esta red se habría extendido por más centros escolares y jóvenes de Granada, hasta el punto de que algunos incluso han abandonado sus estudios tras ser captados por estos cursos de formación y trading, cuando apenas les quedaban unos meses para hacer la Selectividad. Sin embargo, no solo se circunscribe a la capital o su provincia, sino que existen casos en toda Andalucía, así como en el resto del país. "Tras conocerse el caso de Escolapios y que Tamayo comenzase los reportajes, comenzó a llegarnos gente afectada de todos lados, de Navarra, Castellón, Valencia, Galicia... Incluso Guatemala, Ecuador y familias de España que tenían sus hijos trabajando en el extranjero, en Europa, y les habían dicho de pedir un crédito con el pretexto de que les podía venir bien para el curso", explicó a este diario el presidente de RedUNE, Juantxo Dominguez.

"A partir de ahí, desde el ámbito asociativo se comenzó a ofrecer ayuda terapéutica a nivel psicológico, desde Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid, donde tenemos compañeros, que están ayudando a familias que tienen gente muy cercana en inventos de este tipo", explicó Domínguez, todo ello con el fin de evitar la extensión del "reclutamiento, ya que operarían a partir de prácticas sectarias, pues cuando se entra, uno tiene el deber de ir consiguiendo más adeptos, para que así la base de la pirámide sea amplísima y los que estén arriba puedan sustentarse por ella". 

El proceder que se lleva a cabo, según el presidente de RedUNE, es de "una persuasión coercitiva", por lo que se encuentran "en los preliminares para que sea tipificado en el Código Penal, porque no solo hace falta que haya coacciones, sino que el tema va mucho más allá y hasta de forma sutil se ejerce una presión y control férreo hacia los que están dentro, a los que dicen cómo tienen que dejar a la familia, el trabajo...", indicó.

"Las instituciones públicas tienen que ejercer la responsabilidad civil ante el atropello de estas mafias", aseguró Domínguez, que también explicó que, pese a que este tipo de red de captación no es nuevo, "lo que ocurre es que este grupo va cambiando de nombre". "Esto lleva casi 30 años y en el transcurrir del tiempo ha ido cambiando. Lo que ocurre es que las personas de una cierta edad, al enterarse de que funciona con este tipo de práctica al saber de ella por los medios de comunicación o conocidos, en seguida les suena la campana. Sin embargo, a gente joven, que está en ámbito desde el Bachiller o los primeros años de universidad esto les suena mucho menos", argumentó Domínguez, que insistió en que "por esa vía, este tipo de grupos se han ido introduciendo y pese a que los casos comenzaron a conocer más desde Granada y Andalucía, se ha extendido por todo el país".

Ante esta circunstancia, están en contacto con un abogado especialista en estos temas que están prestando asesoramiento para llevar a cabo una demanda colectiva con el fin de que a ella puedan adherirse todos los afectados. En concreto se trata del letrado Carlos Bardavío, que explicó a este diario que este fin de semana mantendrán un encuentro con al menos una veintena de familias afectadas.

"El sábado vamos a tener una reunión con afectados de los que se han puesto ya en contacto con RedUNE, para ver cómo se puede denunciar. La idea es poner una denuncia colectiva y aportar la mayor cantidad de pruebas posibles, al objeto de valorar el interponer una denuncia colectiva para que a partir de ahí se investigue por la Policía o la Guardia Civil, al objeto de que haya más pruebas, porque ahora mismo tenemos muchos indicios de un presunto delito de estafa piramidal masiva", indicó Bardavío. Todo ello por "esta dinámica de sin dar nada, porque esta formación del trading es prácticamente nula y lo que se está haciendo es una práctica que la Ley del Consumidor ya califica como un engaño piramidal, porque es hacer entrar a consumidores con la obligación de traer a otros consumidores, que sería la forma de remuneración".

A parte de ello, como bien indicó el letrado, "también habría un posible delito contra las arcas públicas porque no se declara. Al final los perjudicados son menores y mayores de edad que están siendo engañados para lucrar a una entre comillas empresa porque no está autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que tampoco estaría registrada en España". En concreto, en este sentido, según ha podido saber Granada Hoy, esta red opera a nivel mundial e incluso ya hay países como Bélgica, Francia o Reino Unido, que advierten que no pueden operar en sus países por tener denuncias por estafa y por no estar registradas en ninguna sede empresarial.

En cuanto al aspecto de la captación de menores, el letrado explicó que "una cosa es que menores de edad a partir de los 16 años abandonen el curso académico porque quieran trabajar, pero que tantos menores de esta academia lo abandonen al final solo es la punta del iceberg, pero lo que hay debajo, que es la presunta estafa piramidal es el problema base de todo esto. El que abandonen los estudios es una consecuencia de la absorción de un ilusorio trabajo que no está ni reglamentado ni contratado en esa prestación del servicio".

"Hemos comprobado cómo se les va exigiendo más cuotas con forme van aumentado de nivel, condiciones que se les van imponiendo de forma sorpresiva y no previamente avisadas. Todo ello son indicios que tienen presunción de estafa piramidal, que sería lo que se tendría que investigar", aseguró Bardavío.