Calle Andrés Segovia 53 de Granada. Es la conocida dirección de la flamante sede del Partido Popular de Granada, 1.343 metros cuadrados de oficinas y otros 300 metros de garaje que la "familia popular" alquiló en 2013 mediante un contrato que le dio la opción de compra cinco años después. Un lugar amplio, nuevo y hasta lujoso, por el lugar y el entorno, pero que ha resultado incómodo, por sus vínculos más o menos indirectos con investigaciones judiciales en marcha.

El PP de Granada comparte esas mismas señas con la empresa Taler Real Estate, una de las sociedades que en estos momentos están en el punto de mira del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el conocido caso Banco Popular, por la sospecha de encubrir una trama opaca de offshore en Luxemburgo.

Lo más incómodo para este partido no es compartir domicilio con la sociedad investigada (cuyas oficinas están puerta con puerta), lo que podría ser un dato casi anecdótico si no fuera porque ésta es la empresa con la que el antiguo presidente del PP de Granada Sebastián Pérez Ortiz negoció y firmó los contratos de alquiler y la posterior opción de compra de la sede. 

En 2013, cuando el PP acordó el arrendamiento de estos enormes locales (que le permitieron salir del estrecho local de Abén Humeya), la empresa se llamaba Inversiones Área Sur y su cara visible era un empresario granadino que en aquel momento era sinónimo de éxito, Roberto García Arrabal. También el PP era entonces un partido de éxito, que gobernaba en la capital granadina, en los principales municipios de la provincia y en la Diputación, con el propio Pérez Ortiz como presidente provincial. 

Inauguración de la sede del PP de Granada en 2013

No pasaron ni tres años, en abril de 2016, cuando la sede comenzó a dar dolores de cabeza. Estalló la conocida Operación Nazarí, un caso judicial que supuso la detención del empresario y del entonces alcalde de Granada del PP José Torres Hurtado por una supuesta trama de corrupción para dar trato de favor al constructor. Aquel día la Udef registró despachos, domicilios y oficinas, incluidas la de García Arrabal y la de Taler Real Estate, en el mismo edificio de la sede del PP. 

Los informes policiales que se hicieron públicos airearon las condiciones en las que el PP había pactado el alquiler de su sede y toda esa documentación está incorporada al sumario del caso Nazarí. 8.000 euros mensuales, más otros 3.000 por una serie de "bienes muebles" que se contrataron en paralelo y que podrían ser relativos al acondicionamiento de los locales del edificio que en aquel momento estaba recién construido. Las licencias para levantar ese inmueble (conocido como Progreso) son objeto de investigación en el caso Nazarí, por las posibles facilidades para el cambio de uso que, según la Policía, habría obtenido el empresario de parte del Ayuntamiento. 

Contrato de alquiler de la sede del PP de Granada

Desde aquel año, la sede del PP no se libró de salir en imágenes y titulares de los medios de comunicación por estar en un edificio sometido al escrutinio del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga una supuesta trama de corrupción. 

Documentos de los registros policiales

De aquellos registros del caso Nazarí salió también otra documentación que en realidad podría tener ahora repercusión en el caso del Banco Popular investigado por el Juzgado Central de Instrucción 4. La Policía halló las pruebas, contratos, escrituras, que confirman una operación de venta de acciones de García Arrabal y el Banco Popular a varias sociedades de Luxemburgo en diciembre de 2014. Tras esas transacciones, la sociedad propietaria de la sede del PP pasó a llamarse Taler Real Estate.  

Según las sospechas de la Fiscalía y del juez de la Audiencia Nacional, se trataría de una serie de operaciones realizadas para encubrir pérdidas millonarias y solucionar así la situación de empresas muy hipotecadas y en una posición financiera muy complicada. Según la tesis de los investigadores, esas deudas se habría tapado con nuevos créditos del Popular (canalizados a través de esas firmas extranjeras), lo que contribuyó al enorme agujero de esta entidad bancaria absorbida por el Santander al precio de un euro. 

Hacienda dio la voz de alarma sobre la irregularidad de estas operaciones con empresas vinculadas al Popular, entre ellas Taler Real Estate, mediante un informe que se hizo público en junio de 2018. Ese mismo mes, en Granada, el entonces presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, aprovechó una comparecencia pública para hacer el anuncio: "La sede ya es de la familia del PP".

Cinco años después del inicio del alquiler, el partido político ejerció una opción de compra contemplada en el contrato de arrendamiento. Al final del documento, en una "cláusula especial", ambas partes previeron la posibilidad de adquisición a los cinco años del inicio del alquiler por un precio de 2 millones de euros, precio al que se le descontaría todo lo pagado por el arrendador hasta esa fecha. Hay que tener en cuenta que el gasto del alquiler de estas instalaciones era de 96.000 euros anuales, lo que significa que un lustro después el PP ya tendría pagados o se habría endeudado por 480.000 euros.

Aquel anuncio de la compra resultó de algún modo sorprendente porque en 2018 el PP de Granada no pasaba por su mejor momento, al haber perdido el gobierno de las principales instituciones. Incluso se había especulado internamente con un posible traslado a una sede más barata poco después de 2015, tras las elecciones municipales de ese año.