Educación Granada

"No pensaba que fuera tan difícil": Los once años de lucha de Ángela ante la Consejería de Educación

  • Tras una sentencia y dos autos de ejecución provisional, esta accitana ha podido incorporarse a su centro educativo, en Armilla, con una intérprete de lengua de signos que costea Educación

  • Desde que se sacó la plaza de funcionaria, en 2011, ha pagado de su bolsillo las adaptaciones que necesitaba para dar clase y ante la falta de respuesta de la Consejería decidió denunciar

Ángela González, a la derecha, hace el signo de victoria y su intérprete, Ana Belén Ceballos, el de integración.

Ángela González, a la derecha, hace el signo de victoria y su intérprete, Ana Belén Ceballos, el de integración. / Antonio L. Juárez / Photographerssports

Los últimos once años de vida laboral de la accitana Ángela González Molina se pueden resumir con este párrafo que el juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada recogió en su sentencia de marzo de 2021 y que merece la pena. "Nos encontramos ante una trabajadora que sufre una discapacidad auditiva reconocida del 65%, siendo sorda profunda, que supera el correspondiente proceso selectivo, a través del cupo de personas con discapacidad, previsto en las mismas bases de la convocatoria. Desde el mismo momento de su ingreso en el cuerpo de funcionarios de la Consejería de Educación, y durante casi 10 años, viene reclamando la adopción de las medidas necesarias en materia adaptativa, sin que en ningún caso tales peticiones hayan sido atendidas".

Once años de espera para que la Administración atienda a una de sus funcionarias, que, año tras año, se ha encontrado con lo que el juez califica, sin paños calientes, que "absoluto abandono administrativo". Como prueba, el magistrado reseña en la sentencia la retahíla de escritos, peticiones, reclamaciones y solicitudes que Ángela González Molina aportó con paciencia infinita curso tras curso desde 2011. El juez le da la razón, y también saca los colores a una Administración a la que echa en cara una situación "patente, manifiesta, flagrante e intolerable" de discriminación.

Ángela González, en la puerta de su colegio, el Miguel de Cervantes de Armilla. Ángela González, en la puerta de su colegio, el Miguel de Cervantes de Armilla.

Ángela González, en la puerta de su colegio, el Miguel de Cervantes de Armilla. / Antonio L. Juárez / Photographerssports

Ángela (Guadix, 1982) llegó a Granada con cinco años, al colegio Sagrada Familia para niños sordos. En primero de Bachillerato tuvo su primera experiencia de integración, en el IES Alhambra de Granada. Hizo Selectividad y se matriculó de Enfermería. La dificultad de trasladar los términos técnicos a lengua de signos llevaron a Ángela a cambiar de destino. Se fue a Córdoba donde estudió para ser docente. En 2010 terminó la carrera y un año después obtuvo plaza, en una convocatoria pública, para ser maestra de Pedagogía Terapéutica. Todo a fuerza de tesón y esfuerzo. Ángela, que durante esta entrevista está acompañada por su hermana Mila y dos intérpretes, brilla por su sonrisa franca y las ganas de trabajar que transmite. Un arrojo que la ha llevado a conseguir, tras once años, una victoria que todavía es parcial. Educación recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la sentencia que obliga a la Administración a que Ángela esté acompañada por un intérprete en clase.

Su primer año de docente fue en el CEIP Genil, donde estuvo con alumnado sordo. Para los claustros y reuniones con la plantilla del centro Ángela contrataba a su intérprete, pagado por ella. Tras ese primer centro, como es habitual en el funcionariado de Educación, rotó por otros colegios, a los que la Administración nunca envió un intérprete.. Siempre se lo pagó ella con su dinero. Hace cinco años, en 2017, según consta en la sentencia, la Administración reconoció que Ángela es "apta" para desempeñar su trabajo y que lo único que requería es de un intérprete de lengua de signos. La sentencia destaca que, pese a ello, "la única medida adoptada por la Administración demandada fue el traslado al centro Virgen de los Dolores en Purchil, puesto que en dicho centro hay alumnos sordos. Dicha medida ha de considerarse, a juicio de este juzgador, insuficiente. No consta en el expediente administrativo que la Administración haya amparado a la recurrente ante sus exigencias legítimas, no habiendo adoptado con una sola medida de adaptación en el empleo durante estos 10 años".

No sólo llama la atención la claridad con la que se expresa la sentencia, que es de marzo de 2021, también lo que ocurrió después. Educación recurrió y han hecho falta dos autos de ejecución provisional y la movilización del sindicato Ustea para que, finalmente, desde el 3 de febrero (casi un año después de la resolución judicial), esta docente cuente con los recursos que el juez fijó para ella. Ya se ha incorporado a su destino, el CEIP Miguel de Cervantes de Armilla, donde trabaja junto a Ana Belén Ceballos, intérprete de la Asociación de Sordos de Granada (Asogra).

"En todo este tiempo los directores de los centros educativos en los que he estado me han apoyado", destaca la profesora, que ahora tiene a su cuidado a seis niños y se muestra exultante, con ganas. "Pero de la Administración la respuesta ha sido cero". La situación llevó incluso a que se diera de baja por ansiedad un año en el que tuvo a su cargo un aula con 25 niños. "No podía disfrutar del trabajo", recuerda.

"No pensaba que fuera tan difícil" lograr que la Administración atendiera su situación, reflexiona esta accitana. "Han sido once años de lucha. Ahora estoy supercontenta, me parece mentira", añade, al tiempo que destaca la labor de los intérpretes de lengua de signos. "Hace falta reconocer y mejorar su situación laboral". Su arrojo la ha llevado a elegir el camino difícil, llevar a la Administración ante el juez y obtener una primera victoria, que confía que se refrende en el TSJA.

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