Tribunales

La Audiencia de Sevilla confirma el archivo de una pieza de los ERE contra cinco directivos de Caja Rural de Granada

  • El tribunal desestima un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la jueza instructora, que apartó de la causa al antiguo director general de la entidad y a otros trabajadores, investigados por un préstamo a Dhul avalado con ayudas públicas

Los directivos de Caja Rural de Granada que la jueza Mercedes Alaya incluyó en 2014 entre los investigados de la macrocausa de los ERE, por la tramitación de un préstamo a Dhul, han quedado apartados del proceso definitivamente. La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de confirmar el archivo de la pieza contra los cinco empleados de la entidad granadina que ya resolvió la instructora María Núñez Bolaños en marzo de 2018. 

El tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la instructora de apartar a los directivos de Caja Rural, al avalar la tesis de Bolaños y confirmar que no hay base suficiente para concluir que participaron en los hechos presuntamente delictivos.

Esta investigación salpicó al antiguo director general de la entidad, Dimas Rodríguez; al jefe de seguimiento de Riesgos de los servicios centrales, Mario Augusto Montecatine; a la jefa de Inversiones, a la jefa de créditos y al director de la oficina principal. Cinco años después, a través de un auto que acaba de ser notificado a las partes, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado el sobreseimiento provisional de sus imputaciones, una decisión que es firme y contra la que no cabe recurso.

La jueza de Instrucción 6 de Sevilla ya optó por archivar la causa contra estos investigados de la entidad granadina en 2018, cuando atendió la petición realizada por su defensa y a la que se oponía la Fiscalía. 

La Audiencia confirma ahora la tesis de la instructora, que no encontró indicios de delito para mantener la imputación, en contra del criterio de Anticorrupción. "Los hechos punibles con los que se relaciona a estas 5 personas conciernen a la concesión en 2005 de un préstamo por la entidad Caja Rural de Granada a la empresa Comercial Alimentaria Dhul SL, por importe de 1,9 millones de euros". Como garantía de ese crédito constaba una ayuda por importe superior a esa cantidad concedida a la empresa por el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Al no devolver la cantidad prestada, la Junta firmó una póliza como tomadora que tenía como beneficiarios a la mercantil y a Caja Rural directamente. Esto permitió la amortización de una parte del capital prestado a través del dinero público. 

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió una participación de los directivos de la entidad "en una instrumentación ideada con el fin de conseguir que la referida entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que la misma había concedido" a Dhul. La jueza dijo que "no es extraño" que las entidades bancarias concedan préstamos por el importe de las subvenciones que tienen concedidas las empresas. 

En su auto del 17 de diciembre, la Audiencia diferencia entre "la espuria concesión de las ayudas a la empresa prestataria, una más de la familia Ruiz Mateos" (que podría ser motivo de los delitos de prevaricación y malversación por parte de los responsables de la Administración) y la participación de los directivos de la entidad que otorgaron el préstamo. 

Los magistrados concluyen que la actuación de los empleados de Caja Rural para "asegurar la devolución del préstamo" no implica que participaran en la concesión de las ayudas irregulares. "No son base suficiente para sustentar una acusación razonable que directivos de la entidad bancaria sostuvieran reuniones con representantes de la Junta o se interesaran ante ellos por la suerte de la subvención hasta que finalmente se firmase la póliza en cuestión, que no consta que se firmara a instancias o sugerencia de la entidad bancaria". 

Además, destaca el auto que Caja Rural de Granada es una entidad que se venía relacionando con la Junta de Andalucía desde 1980, lo que normalizaría las relaciones y reuniones entre ambas partes.

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