El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada llevará a la aprobación del Pleno del mes de marzo una moción mediante la que se exige al Gobierno de España que ponga en funcionamiento "de manera inmediata y efectiva" medidas para abordar el problema de acceso al sistema de citas previas para solicitar protección internacional a las personas refugiadas, indica el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejal de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, explicó en la moción que el sistema de citas del Gobierno de España no está funcionando y cuenta con una larga lista de espera a la que las personas solicitantes de asilo no pueden hacer frente. “De esta manera se está mermando su derecho a buscar protección, ya que la solicitud de asilo es un requisito imprescindible para que las personas puedan acceder al sistema de acogida de protección internacional”.

Arrabal señaló que, en el caso de Granada, los recursos municipales de servicios sociales se están viendo colapsados porque multitud de personas, incluyendo familias con menores a cargo y mujeres embarazas, llegan hasta nuestra provincia por el Puerto de Motril, encontrando gran dificultad para que el Sistema de Protección Internacional atienda la emergencia de alojamiento”.

La concejal denunció que “estas personas encuentran casi imposible solicitar una primera cita con la Policía Nacional, necesaria para solicitar la protección, por lo que acuden a nuestros centros residenciales en busca de acogida, donde mantenemos a las familias hasta que tienen acceso al Programa de Emergencia de Protección Internacional, lo cual tarda bastantes meses, colapsando de manera grave nuestro servicio municipal”.

Según la concejal, el 47% de las personas alojadas en los recursos municipales durante el año 2023, tenían voluntad de solicitar protección internacional. La estancia mínima de estas personas en el alojamiento fue de 5 días, la máxima 304. “Esto tiene un coste muy elevado al que el Ayuntamiento de Granada no puede ni debe hacer frente”.

“Lo más sangrante -prosiguió la edil- es que, una vez celebrado el primer contacto con la Policía Nacional, emplazan a las familias solicitantes a una segunda cita con el objeto de formalizar la declaración de protección, pasando en ocasiones hasta casi un año”.

Así, “estos extranjeros acuden nuestro servicio municipal y además de colapsar indebidamente nuestros recursos, ocasiona unos graves costes económicos que corresponden exclusivamente al Gobierno de la Nación”, según Arrabal.

La concejal de Políticas Sociales pidió al Gobierno Central “medidas inmediatas para abordar este problema”, por una parte, y que “refuerce sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio, colaborando con las instituciones locales y organizaciones no gubernamentales para gestionar de manera eficaz la recepción, acogida y protección de personas refugiadas en nuestro municipio, competencia exclusiva del Gobierno de España”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada reitera su compromiso de colaborar activamente en la implementación de medidas que contribuyan a la integración y bienestar de las personas refugiadas, promoviendo la diversidad y enriqueciendo nuestra comunidad con su riqueza del culturas y experiencias, finaliza el comunicado.