Hay una causa judicial abierta en Granada, la de las facturas de la televisión local de la época del alcalde José Torres Hurtado (conocida como TG7), en la que el nombre de uno de los tres investigados podría brillar con luces de neón, dado que es uno de los empresarios de mayor éxito en el sector audiovisual, tanto en España como fuera del país. Raúl Berdonés está siendo investigado por tres presuntos delitos de corrupción, pero acaba de pedir una vez más al juez que le aparte del caso, para quedar liberado así de un asunto que podría empeñar la imagen de un personaje que en enero pasado llegó a ser hombre del día de la revista Forbes, sólo por elegir uno de sus reconocimientos públicos.

Berdonés es chanero, del populoso barrio granadino de La Chana, y comenzó como operador de cámara. Ahora, con poco más de 40 años de edad, es empresario de moda y preside el Grupo Secuoya de Comunicación, referente en el sector audiovisual, con más de 1.500 empleados en los territorios en los que opera. A primeros de año fue reconocido por Forbes por su acuerdo con HIG Real Estate, el brazo inmobiliario del fondo de capital riesgo estadounidense, que ha acordado la compra del 40% de Madrid Content City, el mayor complejo audiovisual de España, promovido por directivos de la productora de cine Secuoya. La operación empresarial se ha realizado a través otra sociedad liderada por Raúl Berdonés y Pablo Jimeno que llegó a un acuerdo con Netflix para crear ahí sus series y películas.  

Pero Berdonés arrastra un problema judicial en su tierra natal. Una de sus empresas fue la encargada de producir los contenidos de la televisión local de TG7 desde que el Partido Popular de José Torres Hurtado creara el canal público hasta que todo estalló por un escándalo de facturas extraoficiales cobradas y reclamadas por la empresa, que no constaban en la contabilidad del Ayuntamiento de Granada porque se habían generado a través de un acuerdo privado firmado con el concejal encargado de la televisión en aquel tiempo, Juan Antonio Fuentes. Además, buena parte de esos gastos fueron abonados por empresas municipales (Emasagra o Inagra) en forma de patrocinio. El propio Berdonés en persona fue el que firmó el acuerdo con el edil del PP. 

Berdonés se ha defendido siempre, desde su declaración ante el juez que instruye este caso, diciendo que el sistema articulado es una forma de trabajar habitual en el sector audiovisual, incluso en las televisión públicas que están obligadas a regirse con transparencia. Sus empresas producen actualmente una gran cantidad de programas para Canal Sur y para otras cadenas públicas. 

El caso ha estado mucho tiempo en esa especie de limbo que sufren las instrucciones complejas cuando hay informes encargados a expertos. Hace poco llegó la pericial económica pedida por el juez y de ella se han sacado conclusiones muy diferentes, según las partes. 

Pero la defensa de Berdonés ha presentado este mes una nueva petición de sobreseimiento de la causa, "al menos parcial respecto de él". En su escrito explica al juez que su situación es el resultado de la batalla política y por eso pide el archivo: "Sin que un particular como el Sr. Berdonés pueda acabar resultando una suerte de daño colateral de batallas políticas con las que nada tiene que ver".

Para este empresario, la clave de bóveda de su petición de archivo está en que el informe pericial ha corroborado que "los movimientos económicos vinculados a las mismas (facturas) cuadran o responden a servicios de grabación realmente prestados”.  El resto de averiguaciones sobre el procedimiento legal o no seguido en el Ayuntamiento para la contratación económica y el pago de esas facturas es un asunto que, según Berdonés, no le afecta como particular. 

La empresa de Berdonés prestaba servicios a TG7 en la época de Torres Hurtado

La Fiscalía, que poco antes de esta petición del empresario acababa de posicionarse respecto de otras similares remitidas por el resto de investigados, exponía en un breve informe que las conclusiones del perito vienen a confirmar las imputaciones de los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación. Y citaba también al empresario de forma expresa entre los posibles responsables. Están en esa tesis de seguir adelante con la causa varios grupos políticos personados como acusación, como Podemos-IU, PSOE o la antigua concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez, que fue la denunciante original del caso ante la Fiscalía.

El caso está en un momento importante, porque en principio parecen terminadas las diligencias judiciales y tras resolver las peticiones de archivo, el juez podría tomar una decisión en breve sobre qué hacer con la causa. Es decir, si la archiva o si avanza hacia la preparación de juicio oral de todos o de algunos de los investigados hasta ahora.