La organización sindical CGT está denunciando ante la Inspección de Trabajo el modo de actuar de determinadas empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Granada, que a las primeras de cambio, según la información del sindicato, decidieron aplicar un ERTE "quitándose de en medio las obligaciones contractuales con cientos de trabajadores". Para CGT, este modo de actuar no está justificado, ya que los ERTE planteados por empresas contratistas de las Administraciones Públicas no pueden ser autorizados (independientemente de que se hayan justificado alegando fuerza mayor o razones económicas, técnicas, organizativas o de producción), porque, como consecuencia de la normativa laboral que ha aprobado el Gobierno Central debido a la crisis del “coronavirus”, en concreto el art. 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, los salarios de sus trabajadores que desarrollan la actividad objeto de los contratos públicos, se encuentran garantizados aunque la ejecución de la actividad haya sido suspendida.

Así lo recoge un documento del propio Área de Contratación del Ayuntamiento de Granada, al que el sindicato ha tenido acceso, llamado “Medidas extraordinarias en materia de contratación a adoptar por el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada frente al impacto del Covid-19”, donde claramente expone que “el Ayuntamiento de Granada deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente”, incluyendo “los gastos salariales ... durante el período de suspensión”.

CGT ha preguntado al Área de Contratación si está vigilando forma de proceder de algunas empresas contratistas del Ayuntamiento, como por ejemplo en actividades como la limpieza municipal o los talleres socioculturales y deportivos del Área de Derechos Sociales, que, según el sindicato, incumplirían con la normativa Estatal para este estado de “alarma” y por consiguiente con la normativa municipal derivada. "De momento el Ayuntamiento no está dando datos sobre esta situación y tampoco sabe el sindicato CGT si hay establecido algún procedimiento para controlar lo que están haciendo las empresas subcontratadas con sus empleados", aseguran.

Para CGT es importante que no se añada más daño ni a los servicios públicos municipales, ni a los trabajadores que como consecuencia de un ERTE ven reducidos sus salarios un veinticinco por ciento, en cuantías que ya eran precarias antes, además de que los salarios del ERTE se empezarán a pagar en mayo, para los primeros que llegaran a esta situación. El sindicato advierte que las empresas podrían ser sancionadas por la Inspección de Trabajo, con lo que avisa que estarán muy vigilantes para que no se produzcan estas situaciones irregulares y que perjudican al maltrecho colectivo de trabajadores que trabajan en servicios públicos municipales subcontratados por estas empresas.

Esta situación, según informa CGT, no es exclusiva del Ayuntamiento de Granada, ya que el sindicato es conocedor de algunos ERTE en subcontratas de la Junta de Andalucía, que ya han sido rechazados por la Inspección de Trabajo y cuyos trabajadores han tenido que seguir siendo contratados de manera regular, aunque la actividad esté suspendida.

CGT entiende que las administraciones públicas son las responsables de velar por el cumplimiento de las normativas referentes a los ERTE, ya sea el Ayuntamiento de Granada o la Junta de Andalucía, ya que se podría estar incurriendo en fraudes si las empresas que hoy aplican ERTE’s ahorrándose el dinero de los costes salariales, luego quieren cobrar las indemnizaciones a las que tendrían derecho por los salarios si los hubieran pagado, lo que, a juicio de CGT, sería una actitud empresarial corrupta que las administraciones públicas no deben permitir.