El que fuera concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Granada cuando se tramitó el expediente de la Casa Agreda, Eduardo Caracuel (PP), negó ayer ante el juez que recibiera "indicaciones" por parte del anterior equipo de Gobierno del PP para la adjudicación del derecho de superficie de este inmueble patrimonial a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo.

Sí reconoció durante su declaración como testigo en la causa que se sigue por este asunto en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada que trasladó a la que en ese momento era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), que le "convencían más otros procedimientos" puesto que su interés como político era "no despatrimonializar la ciudad", especialmente en lo relativo a edificios singulares como era este caso.

Lo hizo a raíz de que se le llamara con "poca antelación" a una reunión para abordar este tema junto al entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, la edil de Urbanismo y representantes de la citada ONG. Después del encuentro se le dijo que la gestión de la Casa Agreda se llevaría desde Urbanismo porque en este departamento contaban con los medios técnicos y personales para llevar a cabo una intervención "tan importante" como la que había que realizar allí y que la fórmula era compleja y sería el derecho de superficie, según consta en su declaración judicial.

Por otra parte, la concejal de Vamos Granada y acusación popular en este caso Marta Gutierrez, afirmó que "esto no es una cuestión de irregularidades o fallos administrativos en la tramitación. Se le ha dado a todo apariencia y forma legal".