Carlos Aránguez, el abogado de Juana Rivas -la mujer de Maracena condenada a prisión por el juez de Granada Manuel Piñar tras retener a sus hijos y no entregarlos al padre- acaba de ganar otra batalla en el particular pulso que mantiene con el magistrado desde que el letrado lo acusó de adoptar una conducta prevaricadora en el caso de su defendida. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha revocado la polémica sanción de 45 días de suspensión que le impuso el Colegio de Abogados de Granada, cuando se alineó a favor de la denuncia puesta por el juez de lo Penal. Ahora, el órgano colegial superior considera que el letrado "ejerció su libertad de defensa y de expresión". 

Aquella sanción fue muy controvertida, pues implicaba que el Colegio granadino se alineaba con el posicionamiento del juez Manuel Piñar, en detrimento de Aránguez, que es uno de sus colegiados. Este enfrentamiento entre ambos juristas no se quedó en el plano de la abogacía, sino que se ha judicializado. Las sucesivas resoluciones han ido dando la razón al letrado granadino, lo que de algún modo ha venido a desacreditar la decisión que tomó en su día el Colegio de la Abogacía granadina. Y así lo reconoce la resolución del Consejo Andaluz de abogados, documento fechado el 14 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico.   

El propio Aránguez ha recordado este jueves en un comunicado cuál es la situación de su particular pugna judicial con el juez, que "está siendo investigado en la actualidad por un delito de odio, por sus reiteradas manifestaciones racistas y machistas divulgadas en redes sociales (DP 266/2023 del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Granada), a raíz de una denuncia interpuesta por Carlos Aránguez y que fue apoyada por la Fiscalía".

Aránguez también informa de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está instruyendo un expediente disciplinario por las manifestaciones vertidas por el Juez Piñar en un medio de comunicación sobre el Caso Juana Rivas.

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez

“Me parece lamentable que el Colegio de Abogados de Granada se posicionara al lado de un juez que está siendo investigado por un delito de odio, en lugar de defender la profesionalidad de un compañero colegiado que, en una causa pro bono, representaba los intereses de su patrocinada, por supuesto respetando en todo momento las lógicas normas de educación y decoro, como ha quedado acreditado", ha declarado Aránguez tras conocerse la decisión de Consejo Andaluz.   

El Juez Piñar llegó a interponer una querella contra el abogado Carlos Aránguez por delito calumnias. Dicha querella fue archivada. Recurrió en apelación y la Audiencia Provincial de Granada confirmó el archivo. Aún así, el Juez Piñar presentó un Recurso ante el Tribunal Supremo que también fue desestimado, siendo condenado a pagar las costas legales de ese procedimiento al letrado Aránguez (Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2023). 

El letrado también ha transmitido su "más profundo agradecimiento a los cientos de compañeros y compañeras que firmaron dos manifiestos en los que me expresaban su solidaridad y apoyo. Los abogados debemos ser valientes y denunciar siempre las injusticias”.

Los argumentos del Consejo 

La decisión del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se ha demorado más de un año porque este órgano paralizó la resolución del recurso de alzada presentado por Aránguez hasta conocer la evolución de los procesos judiciales que durante los últimos meses han estado abiertos. Así lo hace notar en su resolución a favor del abogado granadino. Reconoce que la libertad y de defensa tiene ciertos límites, pero que en este caso no corresponden por varios motivos que el Consejo toma de las distintas resoluciones judiciales. 

Uno de los argumentos es la exposición pública que el propio juez ha tenido debido a sus propias publicaciones en redes sociales y a los procesos judiciales que él mismo ha iniciado y que tienen relación con un caso tan notoriamente mediático.

De otro lado, en una de las resoluciones judiciales aludidas en el documento exponen los magistrados, que han tenido oportunidad de examinar el caso con detenimiento, que "no se usan en ningún caso por el abogado expresiones que sin necesidad de valoración pudieran ser consideradas ofensivas, injuriantes o innecesarias" en el concreto caso de Juana Rivas y en el ejercicio de la defensa de ésta por parte del letrado que fue suspendido por su propio Colegio.