Carpetazo al caso Mercamed con 9 años de inhabilitación especial para Julio Bernardo

Nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Esta ha sido la condena impuesta al exvicepresidente de la Diputación Provincial, Julio Bernardo (Izquierda Unida) -que es funcionario de Correos-, debido a las irregularidades en las contrataciones que se realizaron para la feria empresarial Mercamed celebrada en 2011 en Tetuán.

Del 26 al 28 de mayo de 2011, esta localidad marroquí acogió la Feria Mercamed, evento que se desarrolló al amparo del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores, financiado con fondos procedentes de la Unión Europea (UE), y para el que la Diputación invirtió 300.000 euros.

Al llegar el material a la aduana del Puerto de Tánger, hubo un problema que impidió que este pudiese pasar la frontera, por lo que Julio Bernardo autorizó la firma de un contrato con la empresa marroquí Juridicus Maroc para que se hiciera cargo del evento, contrato para cuya firma, según el tribunal, "no tenía capacidad ni se siguieron los trámites previstos legalmente".

Sin embargo, las empresas a las que se adjudicó servicios para la feria que finalmente no se realizaron, emitieron de igual modo a la entidad provincial sus facturas por el importe de lo contratado, que recibieron el visto bueno del propio exvicepresidente.

Tras tener constancia de que algunos contratos podrían haberse realizado de forma fraudulenta, la Fiscalía Superior de Andalucía, a través de la Unidad de Policía Judicial, inició una investigación en la que se encontraron "suficientes indicios" para suponer que algunos responsables de la Diputación, en especial Julio Bernardo, habrían cometido irregularidades al realizar los contratos para hacer la feria.

El pasado mes de abril un total de doce personas, entre las que se encontraban el exvicepresidente, asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas, se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial para declarar por estas irregularidades, ante unos posibles delitos de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

El tribunal ha considerado probado que para la Feria Mercamed, "se fraccionó en contratos menores y sin expediente alguno", en lo referido al transporte del material, la seguridad o el montaje de este evento, para "evitar controles y los trámites legales".

Durante el juicio, Julio Bernardo sostuvo que la única intención fue "posibilitar la celebración de la feria", y que la contratación de la nueva empresa "evitó graves perjuicios a la Diputación, como la pérdida de las subvenciones de la UE". Sin embargo, el tribunal aludió a una cláusula en la convocatoria de la feria, en la que la institución se reservaba el derecho de suspender o anular la actividad ante circunstancias excepcionales, desvinculándose de cualquier responsabilidad.

La Audiencia consideró ayer que Julio Bernardo es autor de un delito continuado de prevaricación "dada su participación directa, voluntaria y material en los hechos", además de último responsable de las decisiones relativas al desarrollo de la Feria Mercamed.

Si bien, quedaron absueltos el resto de investigados en el proceso, al no considerar probados finalmente el resto de delitos, ya que quedó acreditado que las empresas que presentaron facturas por servicios no prestados y fueron pagadas, el dinero finalmente acabó siendo abonado a las personas que realmente prestaron el servicio.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación, que la Audiencia finalmente ha rebajado a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exvicepresidente de la entidad provincial.