El juez que instruye el caso del secuestro de Vanessa Romero, la exconcejal de Maracena que fue retenida por la entonces pareja sentimental de la exalcaldesa del municipio, Berta Linares, ha decidido cerrar la investigación contra la regidora y contra Antonio García Leyva -también exconcejal de Urbanismo del mismo Ayuntamiento- por la supuesta inducción a cometer el acto.

El exsecretario de organización del PSOE-A y también antiguo alcalde de la localidad metropolitana granadina, Noél López, que también se vio salpicado por este caso, ya fue exculpado de este caso en el mes de noviembre.

Si se mantienen los cargos contra el autor material del secuestro, que quedó en libertad provisional a finales del pasado mes de julio con una orden de alejamiento de la víctima.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, al que ha tenido acceso este periódico, se decreta el "sobreseimiento parcial y libre de actuaciones" tanto a Berta Linares como Antonio García Leyva, quienes habían sido acusados por su presunta participación "en un delito de detención ilegal, dos delitos de amenazas, un delito grave de lesiones y un delito de lesiones psicológicas".

El documento, firmado a día 9 de enero de 2024, también disponen que sigan las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra la expareja de Linares por los mismos delitos que habían sido imputados a los políticos. 

De esta forma, el juez de la causa considera que ni Linares ni García Leyva participaron en el secuestro de Vanessa Romero, ni de forma activa ni induciendo al delito al ahora único investigado por la causa.

No hubo reunión para inducir al secuestrador

El auto del juzgado da por probado que no existió una reunión entre el presunto secuestrador, Berta Linares, Antonio García Leyva y Noél López en la que los políticos le incitaran a secuestrar a Vannesa Romero, tal y como declaró el investigado. 

Según el juez, y tras llevarse a cabo las diversas investigaciones al respecto, "se constata la inexistencia absoluta de ningún elemento que refrende siquiera deforma indirecta, mínima o tangencial la existencia de esa afirmada reunión".

El investigado sostuvo en su declaración que en enero de 2023, un mes antes de producirse el secuestro, se había reunido en un local de restauración de la localidad de Maracena con los tres políticos, y que en dicho encuentro le habían inducido a cometer el delito.

El juez también da por probado, tras las declaraciones de los investigados, el informe policial sobre el caso, la geolocalización y los datos obtenidos por el móvil de todos los presuntamente implicados, que "existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a la expareja de forma indiciaria".

Sobre el encuentro que se produjo en Maracena entre Linares y su expareja tras producirse el secuestro y quedar la víctima encerrada en Armilla, el juzgado ha verificado que Berta Linares no comunicó a los agentes de la Guardia Civil al entrevistarse con los mismos en las dependencias municipales y posteriormente al acceder a su domicilio "que se había encontrado con su expareja, ni que los agentes le aconsejaran omitir tal dato en la rueda de prensa posterior, como aquella afirmó en su declaración en sede judicial". Sin embargo, en el informe policial se verifica que el presunto autor de los hechos "mantiene un encuentro con su entonces pareja Berta y toma tras ello nuevamente el metro hacia Armilla".

En posteriores declaraciones en sede judicial, el acusado del presunto secuestro afirmó que Berta desconocía en el momento en el que se produce el encuentro, que fue grabado por cámaras de seguridad, que él había secuestrado a Vanessa Romero, y que en dicho encuentro no se habló del tema. Mientras, Berta Linares afirma en su declaración que en ese momento "le comentó a Pedro lo que le había pasado a Vanesa, sin que Pedro hiciera comentario al respecto".