Nueva petición de archivo de la fiscal del caso Nazarí. El expediente Parking es la cuarta pieza separada de la macrocausa de presunta corrupción municipal en la que la representante del Ministerio Público insta a la jueza a dar carpetazo, aunque esta vez no sea por falta de indicios de delito. Muy al contrario, porque el escrito presentado señala hasta cuatro posibles ilícitos graves cometidos en la irregular adjudicación de aparcamientos públicos de Granada a los mismos promotores urbanísticos. Pero señala que estos hechos datan de hace casi dos décadas y estarían prescritos. 

El informe de 5 páginas de la fiscal Sara Muñoz-Cobo que acaba de notificar el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que lleva la ingente investigación sobre la supuesta trama corrupta en el antiguo gobierno del PP de José Torres Hurtado y los responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, pone de manifiesto de forma detallada las "graves" irregularidades que a la vista de los informes policiales se habrían cometido en la adjudicación de media docena de los principales aparcamientos públicos de la ciudad a empresas de los promotores José Julián Romero y Enrique Legerén. 

"Existen indicios racionales de la perpetración de delito de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y/o cohecho", expone la fiscal en su escrito. Pero estos hechos se remontan a los años 2000 y 2001 y la Fiscalía asume que se trataría de delitos prescritos, motivo por lo que "procede el archivo de la presente pieza procesal".

La fiscal también insta a la jueza de instrucción a levantar las medidas cautelares impuestas en relación a estos hechos, particularmente las que afectan a Legerén, al no estar implicado en ninguna otra pieza procesal de las diligencias del caso Nazarí. Este promotor fue detenido también en la Operación policial de 2016 y le fue intervenido dinero que tenía en cajas de seguridad, entre otras propiedades. 

Pese al respiro que este escrito supone para algunos de los investigados, las consideraciones que aparecen reflejadas en su contenido son de enorme dureza, a diferencia de otras piezas separadas como el caso Registrador, donde la fiscal se ha limitado a exponer que no encuentra indicios de delito. 

"Los aparcamientos fueron adjudicados sin concurso público, en contra de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, sin libre concurrencia de empresas", además del añadido que supuso después la encomienda a las mismas mercantiles o a sus responsables para hacer las obras en superficie de esos aparcamientos, como el parque de Cruz de Lagos. Todo ello también sin concurso abierto. 

Para llevar a cabo estas adjudicaciones, que los informes policiales de la Udef y la Fiscalía consideran delictivas,  en el escrito del Ministerio Público sobresale la supuesta implicación del antiguo gerente de Urbanismo y director de Obras, Manuel Lorente, quien habría realizado los informes necesarios para que aquellos empresarios obtuvieran las obras millonarias. 

Manuel Lorente (derecha), aparece junto al empresario Julián Romero en una imagen del sumario

En su escrito, la fiscal recuerda que, según la información que aparece en el sumario, Lorente habría adquirido varias plazas de garaje en esos mismos aparcamientos en una supuesta compra en metálico con factura no acorde a la legalidad. "Existen indicios de que tales pagos pudieron no ser reales o que lo realmente abonado fuese inferior a su precio como contraprestación por el supuesto trato de favor en la concesión del aparcamiento público". 

Otro elemento sospechoso que destaca la fiscal es que el expediente municipal relativo a la concesión del aparcamiento del Parque Lagos hubiera sido encontrado por la Policía en el despacho de Manuel Lorente tantos años después y sin depositar en los archivos municipales, con la "consiguiente dificultad para el acceso al mismo por parte de otros funcionarios". 

"Los investigadores han detectado gravísimas irregularidades en los procesos de adjudicación y explotación de los aparcamientos", de modo que contravienen también el Plan General de Ordenación Urbana de Granada, siempre según el informe fiscal. 

El informe menciona que hay "indicios claros de que el procedimiento de adjudicación (de plazas de residentes, en la posterior explotación del equipamiento público) fue irregular, incumpliéndose lo dispuesto al respecto en los pliegos, lo que pudo favorecer el acceso a estas plazas de personas del entorno de los investigados y los propios investigados de forma irregular". 

El inicio de estos hechos investigados se remonta al año 2000 y se extiende en los ejercicios inmediatamente posteriores, unas fechas en las que ni siquiera había llegado al gobierno municipal José Torres Hurtado y tenía el control político del Ayuntamiento el tripartito liderado por el PSOE de José Moratalla. No obstante, los máximos cargos de Urbanismo a los que apuntan los investigadores como supuestos responsables de las irregularidades, en especial Manuel Lorente, sí serían los mismos que años más tarde se mantuvieron pese al cambio de poder. 

Por la antigüedad de los hechos considera la Fiscalía que los supuestos delitos habrían prescrito y pide a la jueza que acuerde el sobreseimiento de esta pieza, que sería la segunda, tras el carpetazo del Cerrillo de Maracena, expediente archivado por considerarse una causa ya sobreseída y, por tanto, juzgada, en unas diligencias anteriores. 

Hay otras dos piezas separadas, la de la casa del exalcalde (Obispo Hurtado) y la del expediente Registrador (las obras en la sede de un Registro de la Propiedad), en las que la misma fiscal ha pedido también el archivo de las diligencias, al no hallar indicios de delito penal, pese a otras posibles irregularidades que considera se deben de sustanciar en otras jurisdicciones. De todos modos, en estas dos piezas, la jueza ha decidido ya abrir juicio oral a Torres Hurtado y a otros presuntos responsables, en atención a las demandas planteadas por otras acusaciones populares y particulares. 

Se mantienen abiertas las piezas separadas Mulhacén (en cuya investigación sí ha propuesto profundizar la fiscal, lo que ha supuesto la petición judicial de nuevas diligencias), San Jerónimo (relativa a la urbanización de Ciudad de la Luz, en la zona Norte de la ciudad), Campus (la instalación deportiva en el PTS) y Progreso (el edificio de oficinas donde el PP tiene su sede provincial).