El caso Nazarí, donde se investiga una supuesta trama de corrupción municipal bajo los mandatos del exalcalde de Granada José Torres Hurtado, ya ha iniciado también su propia desescalada del confinamiento por el coronavirus. La jueza de instrucción María Ángeles Jiménez Muñoz acaba de reactivar la pieza más compleja, la del Pabellón Mulhacén, mediante la citación de nuevos investigados y la orden de practicar una batería de nuevas diligencias, casi todas pedidas por la fiscal antes de la suspensión de los plazos judiciales por el estado de alarma.

Aunque la instrucción de la causa tendría que estar ya en su fase final por los plazos procesales y el agotamiento de las prórrogas, la crisis del coronavirus podría alargar más esta investigación, que por las nuevas citaciones a investigados y testigos que acaba de ordenar la jueza, se extenderá al menos hasta finales de este año. 

En una providencia firmada el 27 de mayo y a la que ha tenido acceso este periódico tras ser notificada a las partes, la jueza cita como investigada en esta pieza a la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Telesfora Ruiz, y a la representante legal de la empresa constructora, que es una hermana de Roberto García Arrabal, imputado en la causa desde su inicio, en 2016.

También cita a varios funcionarios municipales, relacionados con Urbanismo, aunque en el caso del inspector que supervisó las obras del pabellón o los miembros de la Comisión Ejecutiva de la antigua Gerencia de Urbanismo, o aquellos que votaron a favor de las licencias, tendrá que esperar a que el Ayuntamiento señale su nombre y apellidos.

Entre octubre y noviembre de este año tendrán que comparecer como testigos o peritos 14 personas propuestas por la acusación particular del empresario Ramón Arenas, que fue el denunciante de este caso. Aparecen técnicos de Urbanismo y otros servicios municipales, así como los representantes de empresas que instalaron allí sus negocios de restauración, como McDonalds. 

En cuanto a la larga lista de peticiones de nuevas diligencias pedidas por la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, la jueza instructora ha dado curso a casi todo, entre lo que destaca el encargo de una tasación sobre los "perjuicios económicos" que esas construcciones pueden haber supuesto para la ciudad, dado que hubo cambios importantes respecto al proyecto inicial.

La lista de diligencias es larga y de carácter técnico. Además de la tasación, se pide otra valoración experta de la Junta Consultiva de Contratación (Ministerio de Hacienda) u otro organismo especializado en contratación pública sobre "la legalidad de la concesión y de las modificaciones introducidas en su objeto", según la petición fiscal.

El Ministerio público y ahora la jueza pretenden que los expertos en la materia señalen si las modificaciones que se introdujeron en el proyecto deportivo que fue objeto de una concesión municipal al empresario Roberto García Arrabal "se realizaron de conformidad con los requisitos formales y presupuestos establecidos en la legislación en materia de contratos de las administraciones públicas". O si "las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de la licitación hubieran precisado un rescisión del contrato". 

El Pabellón Mulhacén es un proyecto que el Ayuntamiento de Granada sacó a concurso para llevar a cabo sobre una parcela municipal de uso deportivo  y que más tarde sufrió una serie de modificaciones, de modo que la instalación cambió sus dimensiones, no se llevaron a cabo algunas de las instalaciones deportivas previstas al aire libre, ni el aparcamiento subterráneo. Por contra, el promotor hizo una serie de edificaciones destinadas a albergar restaurantes, como el McDonalds de la esquina, cuyo contrato de alquiler con la empresa concesionaria consta en el sumario y la fiscal pide que sea valorado también en la tasación. 

La Fiscalía propuso identificar a una serie de trabajadores del Ayuntamiento de Granada que hicieron informes favorables o votaron a favor de dar el visto bueno a la mayoría de los cambios introducidos. Entre ellos estarían los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo que dio luz verde a la licencia de obras, el inspector que giró visitas o los funcionarios que se posicionaron a favor de revocar un decreto de reposición de la realidad física alterada de 2014. La jueza ha aceptado la mayoría de peticiones en su providencia.

Según el plan trazado por la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz, titular de Instrucción 2 de Granada, el caso Nazarí se va a compartimentar en una serie de piezas separadas que permitan agilizar una investigación que ha cumplido 4 años.

Después de haber finalizado la investigación y seguido los trámites para un posible juicio de la pieza Registrador (la construcción de un patio de luces en la sede de un Registro de la capital), abierto Obispo Hurtado (relativo a la casa del exalcalde y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto), y de haber ordenado el archivo del asunto relativo a la gestión urbanística del Cerrillo de Maracena, la pieza que supone uno de los nudos gordianos del caso Nazarí, la del Mulhacén, se encuentra en pleno proceso de definición.