El caso Nazarí sigue adelante. La investigación de la supuesta trama de corrupción municipal bajo los mandatos del exalcalde de Granada José Torres Hurtado se reactiva este lunes, 5 de octubre, con el inicio de una tanda de declaraciones de nuevos investigados y testigos relacionados con la pieza más compleja de la macrocausa, la del Pabellón Mulhacén. La jueza instructora María Ángeles Jiménez Muñoz mantiene su hoja de ruta. 

Estas nuevas diligencias llegan cuando se ha conocido el auto de la Audiencia Provincial de Granada, que archiva de forma anticipada la primera pieza del caso Nazarí que iba a ir a juicio (Registrador). La resolución fue notificada solo unas horas antes de la fecha en la que estaba fijado el comienzo de las declaraciones de la pieza Mulhacén, con las que se abre una tanda de diligencias y testificales a desarrollar durante este trimestre otoñal. Pero la baja del abogado del Ayuntamiento de Granada (acusación particular), comunicada a última hora, obligó a posponer las comparecencias hasta el lunes. 

Entre octubre y noviembre de este año tendrán que comparecer como testigos o peritos 14 personas propuestas por la acusación particular del empresario Ramón Arenas, que fue el denunciante de este caso. Aparecen técnicos de Urbanismo y otros servicios municipales, así como los representantes de empresas que instalaron allí sus negocios de restauración, como McDonalds. 

En cuanto a la larga lista de peticiones de nuevas diligencias pedidas por la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, la jueza instructora ha dado curso a casi todo, entre lo que destaca el encargo de una tasación sobre los "perjuicios económicos" que esas construcciones pueden haber supuesto para la ciudad, dado que hubo cambios importantes respecto al proyecto inicial.

La lista de diligencias es larga y de carácter técnico. Además de la tasación, se pide otra valoración experta de la Junta Consultiva de Contratación (Ministerio de Hacienda) u otro organismo especializado en contratación pública sobre "la legalidad de la concesión y de las modificaciones introducidas en su objeto", según la petición fiscal.

El Ministerio público y ahora la jueza pretenden que los expertos en la materia señalen si las modificaciones que se introdujeron en el proyecto deportivo que fue objeto de una concesión municipal al empresario Roberto García Arrabal "se realizaron de conformidad con los requisitos formales y presupuestos establecidos en la legislación en materia de contratos de las administraciones públicas". O si "las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de la licitación hubieran precisado un rescisión del contrato". 

El Pabellón Mulhacén es un proyecto que el Ayuntamiento de Granada sacó a concurso para llevar a cabo sobre una parcela municipal de uso deportivo  y que más tarde sufrió una serie de modificaciones, de modo que la instalación cambió sus dimensiones, no se llevaron a cabo algunas de las instalaciones deportivas previstas al aire libre, ni el aparcamiento subterráneo. Por contra, el promotor hizo una serie de edificaciones destinadas a albergar restaurantes, como el McDonalds de la esquina, cuyo contrato de alquiler con la empresa concesionaria consta en el sumario y la fiscal pide que sea valorado también en la tasación. 

La Fiscalía propuso identificar a una serie de trabajadores del Ayuntamiento de Granada que hicieron informes favorables o votaron a favor de dar el visto bueno a la mayoría de los cambios introducidos. Entre ellos estarían los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo que dio luz verde a la licencia de obras, el inspector que giró visitas o los funcionarios que se posicionaron a favor de revocar un decreto de reposición de la realidad física alterada de 2014. La jueza ha aceptado la mayoría de peticiones en su providencia.

Según el plan trazado por la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz, titular de Instrucción 2 de Granada, el caso Nazarí se va a compartimentar en una serie de piezas separadas que permitan agilizar una investigación que ha cumplido 4 años.

Después de haber finalizado la investigación y seguido los trámites para enjuiciar la pieza Registrador (aunque acaba de ser archivado por la Audiencia Provincial) y la de Obispo Hurtado (relativo a la casa del exalcalde y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto), además de haber ordenado el archivo de otros asuntos como el relativo a la gestión urbanística del Cerrillo de Maracena o los aparcamientos de la ciudad, la pieza que supone uno de los nudos gordianos del caso Nazarí, la del Mulhacén, se encuentra en pleno proceso de definición.