Granada

Caso Serrallo, el punto y seguido de una retahíla judicial para Torres Hurtado y su gobierno en Granada

  • La sentencia, que es absolutoria para el exalcalde, pero condena una corruptela entre Urbanismo y el empresario, podría influir en el devenir de la macrocausa Nazarí, el plato fuerte de todo el proceso contra una era de poder 

José Torres Hurtado, exalcalde de Granada, durante el juicio del caso Serrallo

José Torres Hurtado, exalcalde de Granada, durante el juicio del caso Serrallo / Carlos Gil

En el receso de una de las jornadas del juicio del caso Serrallo un grupo de periodistas se acercó al exalcade de Granada y lo sacó de ese ensimismamiento suyo habitual mientras echaba un cigarrillo en la puerta. "¿Cuánto durará esto?", le preguntó el compañero casi por tener una excusa para charlar con el principal acusado en el proceso. Y José Torres Hurtado, septuagenario hombre de campo y curtido regidor de capital de provincia, sorprendió al contestar: "Unos cuantos años".

El que fue elegido alcalde de Granada cuatro veces (2003, 2007, 2011 y 2015), con mayorías absolutamente aplastantes en varios casos, y tuvo que dimitir de forma abrupta en 2016, tras una enorme operación policial para sacarlo detenido de su casa, era consciente en aquel momento de su primer juicio, en febrero pasado, de que allí se ventilaba algo que iba a ir mucho más allá de la sentencia, absolutoria para él, que acaba de dictar esta semana la Audiencia Provincial.

La resolución, que ha sorprendido por la inusual rapidez de los magistrados para dictaminar sobre una causa tan compleja y extensa (141 páginas), es en realidad un punto y seguido, porque por encima de las responsabilidades criminales de cada uno de los acusados, lo que se ha puesto en tela de juicio es una era de gobierno marcada por la sombra de la corrupción, sobre todo desde aquel 13 de abril de 2016 en que la Udef tomó la ciudad para hacer decenas de registros y detenciones.

El vuelco político también fue inmediato y no sólo por la llegada del PSOE a la Alcaldía 13 años después. En el propio Partido Popular, todo lo que oliera a partir de ese momento a Torres Hurtado, a sus más estrechos colaboradores y a su gestión era lumbre que había que apartar. Por eso ahora ha sorprendido la reacción a la sentencia de la dirección del partido en Granada (el exalcalde ya no milita), que asegura haber confiado siempre en su inocencia. También es cierto que la actual dirección poco tiene que ver ya con la batuta de Sebastián Pérez, que muchos consideraron el verdadero artífice de la caída de Torres Hurtado. El conocido fuego amigo.

La sentencia del caso Serrallo ha absuelto a 14 de los 17 acusados de todos los delitos imputados. Pero tampoco ha sido una declaración de inocencia completa que hubiera despejado todas las dudas sobre la legalidad de aquel gobierno. Al contrario, la condena por prevaricación para la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto; el funcionario con la máxima responsabilidad en la concesión de licencias municipales, y el promotor urbanístico más importante durante aquellos años en la ciudad, Roberto García Arrabal, ha dejado constancia de un episodio de corrupción para favorecer los intereses privados, por más que las penas se hayan limitado a la inhabilitación.

La macrocausa Nazarí, la que provocó la operación policial y la caída del gobierno en 2016 (hasta ese momento el caso Serrallo era un asunto de bajo perfil que llevaba dos años en el juzgado), se sustenta todavía bajo la premisa de que podría haber en el Ayuntamiento de Granada "una trama organizada corrupta y prolongada en el tiempo para beneficiar tanto a promotores urbanísticos como directamente a los familiares y los allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad", como la jueza de instrucción acaba de recordar en uno de sus últimos autos. 

La sentencia del Serrallo, que ha descartado delitos importantes como el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos, está muy lejos de admitir nada parecido a esa trama corrupta, pero la condena a personas de la mayor responsabilidad sobre el urbanismo de la ciudad, sobre la base de un hecho (puntual, eso sí) que sí iría en esa línea de prestar trato de favor a un empresario, no es una buena noticia para la restitución de la honorabilidad de aquel gobierno y, sobre todo, de su cuestionada gestión urbanística. Así que el camino no ha quedado del todo cerrado. 

¿Va a influir esta sentencia en el recorrido de las diferentes piezas judiciales abiertas en el seno del caso Nazarí? Esta pregunta la trasladaban en privado estos días varios letrados coincidentes en las causas, incluso los que representan a partes acusadoras que ahora pueden replantear su posición y en estos momentos tienen sobre la mesa la opción de acusar o no en algunos de los asuntos más avanzados. El camino que sigan la Fiscalía y la jueza de instrucción es el más revelador y trascendente, dado que además son las mismas personas que intervinieron en el caso Serrallo. 

La magistrada instructora, María Ángeles Jiménez Muñoz, no se ha quedado parada estos meses del juicio y su deliberación. Ha avanzado en la formación y tramitación de las diferentes piezas separadas, con resoluciones de peso, como el reciente procesamiento (el pasado 2 de julio) de Torres Hurtado y la cúpula de Urbanismo por el caso de la construcción del céntrico edificio donde el exalcalde y la exconcejal de Urbanismo tenían sus viviendas particulares.  

Ya hay siete piezas seperadas abiertas relacionadas con el caso Nazarí -sólo un asunto se archivó al comienzo-, dos de ellas han pasado a procedimiento abreviado con la implicación de los principales investigados (incluidos Torres Hurtado y Nieto) y antes de que finalice el verano ya podría haber alguna apertura de juicio oral, que sería la primera de la macrocausa. 

Además, la pieza de más enjundia, la que investiga un asunto con infinidad de puntos en común con el caso Serrallo (la construcción por parte del empresario García Arrabal de una zona de restaurantes en los terrenos del pabellón deportivo Mulhacén, que se tuvo que quedar más pequeño de los previsto) sigue adelante con la reciente decisión por parte de la jueza de llevar a cabo nuevas diligencias y declaraciones de más personas investigadas este otoño.

La conclusión de toda esa retahíla de asuntos pendientes para José Torres Hurtado, su gobierno y sus altos cargos es que la jueza instructora no parece haber echado el freno. Otra cosa es lo que de aquí en adelante haga la fiscal, Sara Muñoz-Cobo, que también es la misma en todos los casos; y que además es la que se tiene que sentar en la sala de vistas para mantener la acusación hasta el final del juicio. Por lo pronto, en las dos piezas separadas más avanzadas, la de la casa del exalcalde y en el llamado Registrador (por una obra en la sede de un Registro de la Propiedad), ha pedido el sobreseimiento, pero esto ya estaba decidido desde antes de conocerse la sentencia. 

La primera etapa superada, la del caso de la discoteca del Serrallo, no ha llevado a nadie a la cárcel y esto es un hecho muy trascendente para los acusados (en casi todas las piezas del Nazarí coinciden las mismas personas investigadas que en el Serrallo), pero la mancha de la prevaricación ha caído sobre quienes gestionaron el urbanismo de la ciudad durante más de un lustro, bajo el mandato de Torres Hurtado. Es ese el problema, la mancha, porque la inhabilitación no parece el principal inconveniente para una exconcejal retirada de la política, ni para un empresario al que sólo se le impide ser edil o funcionario municipal. Para el técnico, que puede perder su plaza de trabajo, la situación es muy diferente.  

El exalcalde de Granada espera que cada caso de los que tiene que afrontar aún se resuelva más o menos como el Serrallo, con una absolución que avale la limpieza de su gestión o, en todo caso, el desconocimiento de las posibles ilegalidades cometidas por sus comandados, si es que quedaran demostradas (ésta ha sido su principal línea de defensa). Pero desde el punto de vista moral y ante la opinión pública, el futuro judicial de Isabel Nieto no dejará de salpicarle, dado que fue una de las personas de su máxima confianza en el gobierno, a quien mantuvo sin duda alguna tras las primeras imputaciones y con quien llegó a compartir vecindad en un bloque de viviendas construido para buena parte de la familia.

Un aspecto de esta sentencia que sí puede suponer un cortafuegos respecto a futuras acusaciones en el caso Nazarí y en otros de índole política es la absolución de los ocho miembros de la junta de gobierno municipal que participaron en la votación del Serrallo y han afrontado el juicio por aquella vez que alzaron la mano. Las acusaciones populares que mantuvieron esta imputación hasta casi el final se han visto condenadas al pago de las costas y a una suerte de reprimenda en la resolución. Se prevé muy difícil que cualquier parte acusadora vuelva a tener la osadía de sentar en un banquillo a todo un gobierno, al menos hasta que este caso deje de estar en la memoria reciente.  

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