El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha encontrado en la Fiscalía de Sevilla un rayo de luz sobre su situación judicial. El Ministerio Público apoya parcialmente la petición de archivo solicitada por el regidor desde 2017 en el juzgado de Sevilla que investiga un caso de supuesta contratación irregular de empresas externas para el control de los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Pero sólo pide el sobreseimiento de uno de los delitos; sobre el resto, que podrían ser los más graves, insta a que sean investigados en una causa aparte y en Granada. 

El juez de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha rechazado ya por dos veces (la última, este mismo mes) el sobreseimiento solicitado por la defensa de Francisco Cuenca. A expensas de lo que pueda decidir la Audiencia de Sevilla sobre la alegación formulada, el instructor mantiene al alcalde en la causa como investigado por tres delitos: usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El primero de los delitos es en realidad el que responde a la génesis del caso, en el que se comenzó a investigar si fue legal la adjudicación de una serie de contratos de la Junta de Andalucía para el control de los cursos de formación. El Sindicato Andaluz de Funcionarios, que lo denunció y está personado como acusación popular, sostenía que esas funciones correspondían a los trabajadores del ente público y no debían ser externalizadas a través de contratos con empresas privadas. 

Respecto a esta cuestión, el fiscal del caso, Gabriel González, sostiene en su informe remitido al juzgado (al que ha tenido acceso este periódico), que era una forma de actuar que estaba dirigida por la Dirección General de Sevilla, de ahí que apoye la petición de archivo provisional solicitada por Francisco Cuenca, por aquel entonces delegado en Granada de la Consejería de Innovación. Esto casaría con la tesis de su defensa, que insiste en el seguimiento de las directrices marcadas por los altos cargos en Sevilla.

Pero en el transcurso de esas diligencias penales han salido a la luz otras posibles irregularidades cometidas en la adjudicación concreta de cada uno de los contratos en las provincias en las que se ha indagado, entre ellas Granada, donde Cuenca podría ser el máximo responsable de ese trámite con dos sociedades a las que se les asignaron contratos menores (que exigen menos publicidad y concurrencia) sin serlo en la práctica. Además, los contratistas no cumplirían las condiciones legalmente exigidas. 

Esas "posibles irregularidades advertidas en la celebración de los contratos menores de servicios" en el caso de la Delegación de Granada (que justifican la imputación de Cuenca por prevaricación y malversación de caudales públicos) "deberían ser investigadas, tras la deducción del oportuno testimonio, por los juzgados de instrucción competentes, a los que también corresponderá la valoración de la actuación de los contratistas". Es decir, el fiscal pide que se deslinden esos hechos de la causa del juez Vilaplana y que sean investigados en un juzgado de instrucción de Granada, que sería el lugar donde se habrían cometido los posibles delitos.

A juicio del fiscal, mantener la investigación conjunta de todos estos posibles delitos "vulneraría" lo que establece la ley en relación con el juez ordinario predeterminado por la ley, "amén de la excesiva complejidad y dilación para el proceso que supondría centralizar la instrucción". 

Actualmente el juez sostiene el principio de la "conexidad" delictiva entre la posible usurpación de funciones a los funcionarios y las irregularidades en las contrataciones que han sido investigadas por la Guardia Civil a lo largo del proceso. La Audiencia de Sevilla, a través de la resolución de un recurso de otros investigados, se alineó con la tesis del instructor en una resolución de principios de este año. En base a eso, el instructor rechazó este verano el archivo solicitado por Cuenca y en el mismo auto reactivó el caso, con la citación de nuevos imputados.  

La posición adoptada por la Fiscalía en su escrito de octubre (en los mismos términos de otro anterior del mes de julio) es importante para Francisco Cuenca, sobre todo en el desarrollo futuro del caso. Si el juez instructor decide procesar al alcalde con un auto para pasar a procedimiento abreviado, la causa entraría en una fase en la que las partes deben presentar sus escritos de acusación y defensa. Es en ese momento cuando la postura del Ministerio Público podría ser decisiva para que Cuenca se enfrentara o no al final a un juicio.