El Defensor del Pueblo, en su memoria anual referida a 2020, ha realizado una sugerencia al Ayuntamiento de Granada ante la queja de un ciudadano que fue multado y que no tuvo la posibilidad de abonar la sanción con reducción debido a un error de Correos. Según se indica en la sugerencia, el denunciante fue multado por estacionar mal su vehículo. La notificación de la sanción “no fue entregada porque el servicio de Correos anotó” que en la dirección a la que se remitió la ‘receta’ el infractor era desconocido. “El interesado no ha tenido ninguna intervención en esa actuación errónea, ya que la dirección a la que se encaminó la notificación es la suya, formal y realmente, siendo el servicio de Correos quien, en esa ocasión, no cumplió adecuadamente sus funciones”, apunta el Defensor sobre este expediente, en el que recuerda jurisprudencia sobre cuestiones relacionadas con notificaciones a los ciudadanos.

Así, el Defensor sugiere al Ayuntamiento “la revocación de actuaciones del expediente sancionador” por el que este particular fue multado, “porque, al no haberse practicado correctamente la notificación de su inicio, se ha causado indefensión al denunciado, impidiéndole pagar la multa que se proponía con el descuento legal”.

Además de recoger expedientes como éste, el informe anual afea a cinco ayuntamientos de Granada por su escasa colaboración en la resolución de determinados conflictos planteados ante la oficina de Francisco Fernández Marugán. Se trata de los consistorios de Benalúa, sobre denuncia por el estado de abandono de unos solares colindantes a una vivienda; Armilla, sobre molestias por ruido procedentes de Fermasa; Cogollos Vega, acerca de una solicitud de despacho por parte de un grupo municipal; Granada, sobre una licencia de actividades clasificadas; y Motril, a quien el Defensor se dirigió por una cuestión sobre derechos de un concejal y de un grupo municipal.

A lo largo de 2020 se tramitaron 342 expedientes de queja procedentes de Granada, por 291 del ejercicio anterior.