La madre de una escolar granadina ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz para reclamar más recursos humanos en el centro educativo en el que está escolarizada su hija, en Churriana de la Vega. La mujer alega que su hija no puede participar en actividades fuera del centro ya que la persona que se ocupa de los escolares con alguna necesidad educativa -como es el caso de su hija- no puede participar de estas actividades fuera del centro, ya que quedarían sin atender los escolares que sí están en el cole. Así, la niña no ha podido ir a excursiones programadas, como una salida el pasado 14 de diciembre.

Además, la mujer alega que se ha dirigido en varias ocasiones a la Delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sin que se atendiera su reclamación. Añade que hay una única PTIS (personal técnico de integración social) para todo el centro, lo que considera insuficiente. Por ello reclama ahora ante el Defensor del Pueblo Andaluz. 

Este organismo, en su último informe, referido al ejercicio 2021, apunta a que "debemos reconocer que la realidad a la que nos enfrentamos ofrece frecuentes supuestos de dificultades de este alumnado en muchas parcelas en la vida del centro ya sea docente o de tipo extraescolar (una excursión, visita, actividad lúdica, o de cualquier naturaleza) por falta de un refuerzo de personal, lo que no favorece el principio de inclusión que se preconiza hacia estos menores".

Para sostener este argumento, la Defensoría señala una queja presentada aquel año. La oficina de Jesús Maeztu recuerda que tras aquella queja "nos centramos en solicitar que se evaluara la ordenación de los recursos de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS), destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales" en la provincia donde surgió la queja, Cádiz. "Sin embargo, la respuesta de la Administración educativa se limitaba a argumentar la realización de los refuerzos o ajustes que se han considerado adecuados para la cobertura del servicio educativo de integración de este alumnado, en el marco de las disponibilidades presupuestarias existentes".

Como colofón a la reflexión sobre los recursos tras aquella queja, en el informe se señala que "esta Institución lamenta la escasa receptividad de la Administración para ofrecer su respetable divergencia ante la resolución dirigida, en una actitud que viene siendo cada vez más frecuente con motivo de variados expedientes de queja que se tramitan ante la Consejería de Educación y Deporte y que reiteran las mismas y permanentes carencias de profesionales técnicos de inclusión social (PTIS) sin obtener las medidas correctivas necesarias".

Sobre el caso de la mujer de Granada que ha recurrido al Defensor, desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se indicó que "este Gobierno ha aumentado en un 72% el número de PTIS respecto a 2018, aunque somos conscientes de que siguen faltando recursos y trabajamos en incorporarlos lo antes posible dentro de las limitaciones presupuestarias".