Sucesos

Detenidas más de 30 personas por regularizar a extranjeros con empadronamientos falsos en Granada

  • La investigación continúa abierta y se calcula que habrá al menos una decena de nuevas detenciones, entre empresarios y ciudadanos extranjeros

Imagen de archivo de un Policía Nacional y un vehículo patrulla

Imagen de archivo de un Policía Nacional y un vehículo patrulla / ANTONIO L. JUÁREZ / PHOTOGRAPHERSSPORTS (Granada)

Más de una treintena de personas de distintas nacionalidades han sido detenidas en el marco de la denominada 'Operación La Zubia', en la que se ha desarticulado un entramado dedicado desde Granada al favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental para regularizar a ciudadanos extranjeros.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, la investigación continúa abierta y se calcula que habrá al menos una decena de nuevas detenciones, entre empresarios y ciudadanos extranjeros.

La operación se inició el pasado febrero, cuando agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada comenzaron las pesquisas sobre un grupo de ciudadanos extranjeros que intentaban regularizar su situación legal en España mediante solicitudes de residencia por arraigo.

A los investigadores les llamó la atención que se aportaban como domicilios distintos pisos de la provincia de Granada, entre ellos en La Zubia, mientras que los contratos u ofertas de empleo se situaban en diferentes municipios de la provincia de Almería.

Además, la misma persona era quien presentaba las documentaciones ante las diferentes administraciones locales y la misma asesoría, situada en el litoral granadino, la encargada de hacer los trámites.

Seguidamente, los agentes comprobaron la existencia de una organización de ciudadanos marroquíes que estarían dedicados a captar a extranjeros ilegales asentados en Almería a quienes, previo pago de una cantidad de dinero que rondaba los 4.500 euros, les ofrecían ficticios empadronamientos en la provincia de Granada y tramitarles falsas ofertas de empleo a través de varios empresarios asentados en Almería, todo ello gestionado a través de la misma gestoría.

Las pesquisas también revelaron que tanto los empadronamientos como las ofertas de trabajo eran simulados y que los verdaderos lugares de residencia de estas personas se encontraban en Almería, así como que la mayoría de ofertas de empleo eran ficticias, no llegando a trabajar nunca en las empresas reseñadas.

El asunto de los falsos empadronamientos se resolvía contactando con ciudadanos españoles residentes en distintos pueblos de Granada, entre ellos en La Zubia, inquilinos reales de estas viviendas, a quienes la organización entregaba una gratificación pecuniaria a cambio de que inscribieran como residentes a los marroquíes ilegales.

Estos nunca residían en las mismas, aunque sí fingían convivir cuando los trabajadores sociales de las entidades locales hacían las comprobaciones sobre la veracidad de las residencias.

Más aún, según la Policía, la organización contactaba con los trabajadores sociales de los ayuntamientos y, el día que acudían al domicilio en cuestión, la organización ya había trasladado, desde Almería, al supuesto residente marroquí, previo pago de entre 30 y 50 cada vez que realizaban los traslados entre las dos provincias.

Acto seguido el traslado del inmigrante se realizaba hasta el litoral granadino donde la asesoría tramitaba la solicitud de la tarjeta de residencia por arraigo y la oferta de trabajo.

En algunas ocasiones, el empresario que les proporcionaba la oferta de empleo no recibía contraprestación económica, pero les descontaba una cantidad de su sueldo, ya de por sí escaso, y además los obligaba a pagarse sus seguros, con lo que prácticamente trabajaban de forma gratuita.

Inmigración ilegal

La Policía ha recordado que consentir la inscripción de un ciudadano extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda, cuando la misma no constituye el domicilio real de extranjero, favorece principalmente a las mafias que se benefician de la inmigración ilegal.

Además, es una infracción calificada como grave por el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, lo que se puede castigar con multas desde los 501 hasta los 10.000 euros.

Asimismo, si se realiza esta conducta con ánimo de lucro, podría ser un delito o como mínimo una infracción muy grave castigada con multas de 10.001 euros hasta los 100.000

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