El gran escándolo de corrupción del Ayuntamiento de Granada en los años 90 tuvo su epicentro en Emucesa, la empresa municipal del cementerio, y dio lugar a la celebración de varios juicios y a la imposición de dos condenas judiciales al ex concejal del PP Francisco Jiménez Carmona. 20 años después, la gestión de esa sociedad pública persigue al Partido Popular y vuelve a sentar en el banquillo a dos ediles del mismo partido y a otras cinco personas "afines". 

Condenado en dos de los tres casos judiciales a los que se enfrentó entre 1999 y 2000, el concejal de Medio Ambiente y consejero delegado de Emucesa durante parte del gobierno del alcalde Gabriel Díaz Berbel (mandato de 1995 a 1999) llegó a estar acusado de extorsionar a empresarios a cambio de favores en la contratación de servicios o de "suavizar" expedientes disciplinarios. Al final fue condenado por exigir 500.000 pesetas al dueño del pub Fondo Reservado.

También se enfrentó a la petición de hasta 10 años de cárcel por pasar a la empresa de cementerios facturas de viajes que no hizo. Después de una absolución y una condena, Jiménez Carmona se ahorró el tercer juicio (el de las facturas) porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía y el resto de acusaciones. Aceptó una pena de 18 meses de cárcel por cinco delitos de malversación. Su abogado en todas aquellas causas mediáticas fue el conocido penalista granadino Pablo Luna, el mismo que ahora ha participado en un acuerdo que afecta a tres de las personas procesadas por la contratación "ficticia" de altos cargos en Emucesa. 

Además de ese pacto para buscar una sentencia condenatoria acordada, la causa judicial actual de los contratos fantasma guarda otros puntos en común con las investigaciones a Jiménez Carmona en los 90.

Dos décadas después, el posible desvío de fondos públicos lleva al banquillo a concejales del PP que gestionaban la empresa municipal de cementerios. Ambos fueron y son escándolos políticos que afectan a la reputación del partido, por tratarse de delitos de corrupción. Todo esto con los procesos abiertos en época de elecciones municipales y cambios de gobierno, como las de 1999 -que provocaron la caída de Díaz Berbel y la llegada del tripartito de izquierdas- o las recientes de 2019, que paradójicamente han permitido al PP recuperar el poder municipal, tras el intervalo socialista.    

Además de Pablo Luna como abogado defensor, tanto entonces como ahora, el director gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, es denunciante de algunos de los hechos investigados. En aquel primer juicio contra Jiménez Carmona en el que se acusaba al exconcejal de extorsionar a un empresario para adjudicarle el contrato de seguridad del cementerio, el técnico llegó a testificar en contra de su jefe político. 

El concejal Eduardo Moral (izqda.), junto al director de Emucesa.

En el caso actual, este directivo del cementerio, que ha trabajado con distintos gobiernos municipales, ha tenido también un papel determinante, al ser el autor del documento que alertó sobre la contratación de personas que no habían trabajado nunca para la empresa, durante los años del gobierno de Torres Hurtado. En este asunto se ha visto perjudicado cuando, a petición de algunas defensas, el juez decidió incluirlo entre los investigados de la causa porque los acusados aseguraban que siempre estuvo al corriente de todo. Al final ha sido apartado del procedimiento y no tendrá que ir a juicio; salvo que, una vez más, sea llamado como testigo. 

En aquellos asuntos de Jiménez Carmona y en el caso de ahora, el PSOE ha intervenido como acusación popular. Como curiosidad, la abogada que representó a los socialistas durante el juicio en la Audiencia Provincial fue María José López, exdirectora de Cetursa. 

Gabriel Díaz Berbel en la Audiencia Provincial de Granada.

Aquel juicio por la supuesta extorsión con 5,1 millones de pesetas al dueño de la empresa de seguridad del cementerio, tuvo un carácter histórico porque por primera vez tuvo un alcalde de Granada que sentarse ante un tribunal y un jurado, aunque fuera como testigo. Gabriel Díaz Berbel, firme defensor y amigo de Jiménez Carmona, llegó a aportar la coartada clave que contribuyó a la absolución del edil. Declaró que uno de los días en los que se suponía que el acusado se reunió con el empresario, el político había estado en su casa toda la tarde celebrando su cumpleaños. 

José Torres Hurtado, el alcalde que encabezaba el gobierno de los dos concejales acusados (Eduardo Moral y María Francés), no está claro que vaya a participar en este juicio, ni siquiera como testigo; pero sí será el primer alcalde de Granada que se sentará ante un tribunal como acusado, aunque lo hará en otra causa de supuesta corrupción municipal, la del Serrallo. El juicio, donde el exalcalde contará con la defensa del mismo abogado de Jiménez Carmona (Pablo Luna), está previsto para febrero de 2020 y es de suponer que precederá al de los contratos de Emucesa y al cierre de la instrucción del caso Nazarí. Se prevé otro largo 'annus horribilis' para el PP como aquel 1999, que se extendió hasta el 2000.

Torres Hurtado sale del juzgado con su abogado, Pablo Luna

El papel del propio Partido Popular presenta más diferencias que similitudes entonces y ahora. Como elemento común está el halo de sospechas sobre la financiación del partido. El empresario que acusó a Jiménez Carmona de aquella extorsión declaró que el edil le aseguró que los 5 millones de pesetas reclamados eran para su partido, pues él era el encargado de recaudar fondos para el PP andaluz. En teoría ese dinero saldría al final de las arcas públicas de Emucesa, que pagaría un sobrecoste pactado a la empresa. Esta acusación nunca quedó ratificada, dado que la sentencia fue absolutoria.

En esta ocasión, los contratos laborales "ficticios" a cuenta de Emucesa que podrían reconocer tres de los acusados en ese pacto que se está fraguando, se habrían firmado para pagar nóminas a personas con afinidad personal a los concejales o al partido. Varias de las acusaciones plantean que los hechos podrían haber sido considerados como financiación ilegal del Partido Popular, de no ser porque los hechos son previos a la reforma legal de 2015.

Ahora bien, la posición de la dirección provincial del PP respecto a Jiménez Carmona y a los concejales que ahora se enfrentan a juicio es bien diferente. El edil de los 90 no tuvo en Juan de Dios Martínez Soriano un aliado, sino lo contrario. El partido llegó a personarse como acusación y el edil dijo públicamente que sus problemas con la justicia se debían a una "venganza" del entonces presidente de su partido por haberse alineado con su rival, José Luis del Ojo.

Jiménez Carmona tuvo que dimitir como concejal de aquel gobierno de Díaz Berbel (1997) y fue expulsado del partido. Eduardo Moral y María Francés, por el contrario, han tenido el respaldo político, público y legal de su actual presidente, Sebastián Pérez. Cuando este asunto judicial comenzó, Moral ya no tenía cargos públicos, pero en el caso de Francés, se ha mantenido como concejal del Ayuntamiento de Granada hasta las últimas elecciones municipales de junio, sin que la imputación en el caso de Emucesa le empujara antes a dejar su sillón en el Ayuntamiento.