La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha pedido hoy que las ayudas europeas contempladas en el Fondo de Recuperación también lleguen a la Justicia. Según Tárrago, la pandemia ha sido una etapa compleja para la Justicia que ha mostrado las deficiencias que persisten en la institución frente a otras administraciones como servicio público y ha dicho que aunque se ha dado apoyo puntual a algunos servicios, "la falta de medios y de personal en la Justicia ha dejado de ser ya una demanda corporativa" para ser "compartida y percibida con la ciudadanía por la lentitud en la que se resuelven los asuntos" en su vida diaria. 

"Aunque todos los años aludo a estas reivindicaciones, hoy quiero poner más énfasis para que las ayudas comunitarias del Fondo de Recuperación contemplen también partidas significativas que permitan dar un fuerte impulso al dilatado Plan de Modernización de la Justicia". Estas inversiones, además de tener un efecto social en la convivencia, dinamizan la economía.

Para Tárrago, hay que evitar un nuevo escenario con tantas carencias y ha dicho que es el momento de impulsar la puesta en marcha del expediente digital en la Fiscalía y otras plataformas de gestión; continuar con los cambios organizativos de la Oficina Fiscal y atender las necesidades de los edificios judiciales.

La gran asignatura pendiente

Otras demandas prioritarias de la fiscal el desarrollo del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentado hace año y medio por tercera vez y al que ya obliga Europa "para adaptarnos al modelo procesal de los países de nuestro entorno y que atribuiría al Fiscal la dirección de la investigación penal. Este cambio implica, inevitablemente, que el Ministerio Fiscal disponga de un presupuesto propio singularizado para su gestión y funcionamiento".

Esta profunda reforma tendrá una fase de investigación que supere la reiteración de las diligencias para "orientarse hacia la recopilación de las fuentes de prueba válidas y estrictamente necesarias para decidir sobre si procede o no la apertura de juicio oral", lo que permitiría "optimizar la flexibilidad organizativa para crear equipos de trabajo especializados, con criterios uniformes de actuación que puedan ser aplicados de manera coordinada en diversos territorios para dar una respuesta más eficaz frente a la delincuencia del siglo XXI.

"Esta reforma procesal es la gran asignatura pendiente de la Justicia y requiere de la reordenación de las tareas de jueces y fiscales", señala Tárrago, que confía en los beneficios sobre todo en la celeridad y agilidad porque aliviará la lentitud de la Justicia.

Las nuevas funciones obligan también a modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que les confiera un "estatus de autonomía reforzada" para gestionar los recursos personales y materiales. El Estatuto ha cumplido ya 40 años.

Tárrago ha destacado algunos números como que la Fiscalía de Andalucía registró 331.981 diligencias previas el año pasado, algo más de un 14% que en el año del confinamiento. "Una cifra que consideramos todavía muy elevada por el fuerte arraigo que mantiene en nuestra convivencia la cultura del litigio" para resolver problemas. Por eso reclama también seguir desarrollando los mecanismos de mediación, conformidad y arbitraje para evitar procesos judiciales y agilizar así el sistema.

La delincuencia asociada al narcotráfico

Entre las preocupaciones del Ministerio Fiscal en su día a día, Tárrago presta especial atención a la delincuencia transnacional que se genera en la comunidad con el narcotráfico, la inmigración ilegal y la trata de personas. "La lucha contra el narcotráfico, después de cuatro años desde la puesta en marcha del plan especial del Ministerio del Interior, ha conseguido aumentar considerablemente su desarticulación y trabajar por recuperar el principio de autoridad, por mantener la seguridad ciudadana debilitada en las luchas internas entre bandas y los enfrentamientos con los Cuerpos de Seguridad".

Destaca la ampliación de la investigación del blanqueo de dinero obtenido ilícitamente para su recuperación y "la lucha contra los enganches ilegales al suministro eléctrico destinado al cultivo de marihuana por las consecuencias sociales y de vulnerabilidad que están generando los continuos cortes de luz que soportan desde hace años los vecinos de ciertas zonas de esta Comunidad".

Delitos informáticos, menores y violencia de género

Otra preocupación de la Fiscalía son los delitos informáticos, que aumentan cada año "con nuevas formas de delincuencia", y los de seguridad vial, donde también se aprecia un repunte "por abuso de alcohol y consumo de estupefacientes" tras las medidas de movilidad del confinamiento.

"Hay una alerta especial para la Fiscalía" en las relaciones afectivas de los menores, "que se inician cada vez a más corta edad, las denuncias de violencia de género entre ellos y los mensajes sexistas" que circulan por sus redes sociales "se alejan de los principios de igualdad, tolerancia y respeto", por lo que aboga Tárrago por intensificar la educación en igualdad y la prevención.

La violencia contra la mujer sigue teniendo "cifras elevadas" y "este año asistimos con un profundo temor social al auge de nuevas formas de agresión contra las mujeres por sumisión química o con un pinchazo que las está expulsando de los espacios públicos de ocio". Un delito, ha advertido, tipificado y sobre el que la Fiscalía actúa con "contundencia".

Los delitos contra el medio ambiente como los incendios o los vertidos a los ríos también han sido destacados por Tárrago, que destaca la función de protección de la población más vulnerable. Y ha hecho mención especial a la "corrupción, que socaba los principios básicos de la democracia" y es una de las mayores preocupaciones del Ministerio Fiscal "para perseguir y atajar ya sea política, financiera, contra la Hacienda Pública, económica o hacia la Seguridad Social".