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Las diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio suponen el 83% de las incoadas en 2008 por la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada, que aprecia un aumento de los fallos que incluyen demoliciones, y una tendencia de los ayuntamientos a denunciar este tipo de hechos.
Según la memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía, presentada esta semana, en Granada fueron incoadas en 2008 124 diligencias frente a las 118 del año anterior, de las que la mayoría (104) se correspondieron con delitos contra la ordenación del territorio, de las que 48 fueron archivadas, 32 derivaron en denuncia y las 24 restantes seguían siendo tramitadas a finales de ese año. Les siguen las relacionadas con el medio ambiente (11), el patrimonio histórico (4) y la flora y fauna (5). Aunque las diligencias abiertas por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo son similares a las del año pasado, la Fiscalía aprecia una tendencia "importante" por parte de las administraciones públicas a denunciar estos hechos, especialmente los ayuntamientos, algunos de los cuales han formado equipos de urbanismo para perseguirlos, como es el caso del de Loja.
Durante 2008 se consolidó la tendencia registrada el año anterior, en el que ya se apreció un incremento considerable de las sentencias condenatorias por delitos relacionados con el urbanismo, según la Fiscalía, que no obstante subraya una "diferencia cualitativa esencial" respecto a 2007: el hecho de que "por regla general", los fallos condenatorios incluyan normalmente la adopción de medidas de demolición de lo construido o edificado ilegalmente.
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