La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido a la Sala Civil y Penal del TSJA que devuelva el caso del secuestro de Maracena al Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que inició la investigación de la causa tras los hechos ocurridos en febrero pasado. A pesar del aforamiento de una de las personas sobre las que recaen sospechas, el diputado Noel López, el Ministerio público considera que hay margen todavía para que el juez instructor avance en la investigación mediante la toma de declaración de quienes no son aforados y un posible careo para resolver las contradicciones.  

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada acordó el 25 de mayo pasado la deducción de testimonio para remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante la acumulación de indicios sobre la posible participación en los hechos delictivos, como supuesto inductor de la detención ilegal, de una persona aforada, que era el parlamentario y dirigente socialista Noel López. La fiscal del caso así lo recomendó también.

Ambos, fiscal y juez instructor, coincidieron entonces -tal y como quedó reflejado en al auto de aquella fecha- en que era necesario remitir el conjunto de los hechos referidos a las tres personas sobre los que recaían las sospechas de la posible inducción del delito, aunque las otras dos no fueran aforadas, en favor de la continencia de la causa. Esto es, para que no haya decisiones contradictorias entre órganos judiciales. 

Sin embargo, una vez llegado el caso al TSJA y cuando el magistrado instructor ha consultado a la Fiscalía Superior, ésta se posiciona de forma distinta a la fiscal provincial, al considerar que el asunto puede seguir en manos del juez de instrucción mediante la toma de declaración de las otras dos personas sobre las que recaían las mismas sospechas, que no son aforadas: la alcaldesa Berta Linares y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva. Incluso llega a sugerir un careo para enfrentar la versión del autor del secuestro, que fue quien incriminó a los tres supuestos inductores, al explicar que retuvo a la concejal Vanessa Romero a petición de la que entonces era su pareja y alcaldesa de Maracena y los otros dos dirigentes políticos señalados. 

El informe fiscal pone el acento en dos situaciones que se pueden investigar en el Juzgado instructor y que son los encuentros entre la alcaldesa y el secuestrador la misma mañana de los hechos, mientras éste último aún estaba siendo buscado por la Guardia Civil. En el sumario consta un vídeo que se ha hecho público en el que se puede ver a Berta Linares en plena calle encontrándose con su entonces pareja, durante las horas en las que éste había dejado a la concejal retenida en un garaje del municipio de Armilla. Para entonces la víctima había conseguido liberarse y se buscaba al secuestrador. 

La reunión clave que hay que investigar

La otra reunión sobre la que la Fiscalía propone indagar más en el Juzgado es la que, según el detenido, se produjo en enero pasado en una taberna de Maracena y en la que los tres políticos le habrían convencido de llevar a cabo la detención ilegal de la edil socialista del municipio. El detenido explicó en su declaración judicial que todo arranca con una reunión que mantuvieron los cuatro para cenar en una mesón de Maracena en el mes de enero, después de Reyes. El auto del juez instructor recoge que cuando Pedro llega al encuentro que los tres políticos habían tenido previamente, éste se incorpora a la conversación, que estaba relacionada con Vanessa Romero y la preocupación de los demás por lo que ella pudiera hacer o decir. Explica el autor del secuestro que López le había ofrecido en un cargo a la edil en la empresa de aguas para que dejara el Ayuntamiento de forma voluntaria y así "silenciarla", pero que ella se había negado. Berta, la alcaldesa, llega a decir en ese momento: "¿Por qué no se muere y me deja en paz esta mujer?".

García Leyva contesta entonces que "habría que darle un susto o escarmiento y propone contratar a un par de sicarios ucranianos que la cojan y que le den un susto". Noel y Berta añaden que "no hay que llegar tan lejos", y el líder socialista propone entonces -siempre según la versión del detenido- que lo haga el novio de la alcaldesa, porque como tiene una enfermedad mental (bipolaridad) "no le va a pasar nada".   

En un primer momento, Berta Linares se niega y dice que no lo metieran en "líos". Pero Noel López habría insistido, según el detenido: "En caso de que Vanessa denunciara le pondrían un abogado y que simplemente quedara en un susto". 

Preguntado por el modo en que le dijeron que le diera ese "susto" a la edil, el secuestrador manifiesta que "le indicaron que la metiera atada con bridas y que le diera varias vueltas para que se desorientara y pareciera que va al medio del campo para hacerle algo". Una vez expuesto el plan, aseguró el declarante que Berta Linares aceptó pero dice que no quiere saber cuándo se va a hacer. Al final de la cena, Noel le pregunta: "¿Quedamos en eso?". Y él responde que "ya se lo pensará".

Hasta ahí la versión del detenido en su declaración, pero tanto la fiscal del caso (dependiente de la Fiscalía Provincial) como el juez entienden que lo contado por Pedro G. R. se apoyaría después en otros indicios recabados por la investigación, especialmente por la conducta de los supuestos inductores durante el día del secuestro y en la ubicación de sus móviles que revelan posibles reuniones entre ellos. 

El nuevo informe de la Fiscalía Superior, sin embargo, se centra sobre todo en esa declaración del detenido  como elemento principal de sospecha contra Noel López y los otros dos políticos, por lo que considera que no es suficiente para elevar la causa al TSJA. Tiene en cuenta que el declarante es el presunto autor de los hechos y, dado que su testimonio lo exculpa parcialmente, considera la Fiscalía que para dar un paso adelante en el TSJA debe de haber más elementos que apunten a la posible participación de los políticos como inductores. Por eso propone la toma de declaración de los dos no aforados por parte del juez de instrucción y un posible careo con el detenido.

De este modo, aunque el TSJA decida seguir los pasos indicados por la Fiscalía y devolver el asunto al Juzgado de instrucción, el parlamentario andaluz seguiría sin ser investigado y las dos únicas personas que podrían declarar ante el juez ordinario como imputados son la alcaldesa y el concejal. Con el resultado de las diligencias interesadas por la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción podrá elevar, si es el caso, nueva exposición razonada ante el TSJA.