La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía considera que el pasaporte Covid que la Junta propone para centros sanitarios y residencias resulta "proporcionado" y que cuenta con la habilitación legal suficiente para desarrollarse. Así, el fiscal, Jesús García Calderón, propone que la medida sea ratificada. La Junta remitió el pasado lunes la documentación necesaria para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determine si autoriza el uso del certificado Covid para entrar a centros sanitarios y sociosanitarios. Este pasaporte podría utilizarse también para actos multitudinarios o de ocio.

"El Fiscal entiende que la medida restrictiva resulta, desde cualquier punto de vista y teniendo en cuenta sus condiciones normativas de aplicación, totalmente apta y eficaz para la finalidad perseguida en defensa de la salud pública y el interés social", determina el documento.

El escrito de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha dado cumplimiento al procedimiento urgente de ratificación judicial iniciado por la Junta, que propuso como medida preventiva el pasaporte Covid o la prueba diagnóstica para acceder a centros sanitarios con internamiento y centros socio sanitarios de carácter residencial.

El texto considera que debe tenerse en cuenta la situación pandémica y los marcadores epidemiológicos de naturaleza objetiva. Asimismo, valora que la medida es proporcional. Así, se da luz verde a que los mayores de 12 años, visitantes o acompañantes de pacientes o residentes, que accedan a los centros sanitarios o residenciales presenten el certificado de haber recibido la pauta completa, una PCR realizada en las últimas 72 horas o un test de antígenos 48 horas antes de acceder a estos recintos. También se da la opción de presentar una PCR que acredite que se ha superado el Covid en los últimos seis meses.

La orden propuesta por Salud y Familias que dispone el uso del pasaporte Covid establece unas pautas que a juicio de la Fiscalía resultan adecuadas. Así, la medida sólo afecta a los mayores de 12 años y a espacios que son "escenarios de mayor riesgo de transmisión". "Las consecuencias negativas -añade García Calderón- no sólo se proyectan sobre pacientes o residentes, sino que afectan a un colectivo tan esencial y sensible como el personal sanitario". Además, estima que al proponerse tres vías para acceder a estos centros -la vacunación, la PCR o el test- no se vulnera el derecho a la igualdad, ni se discrimina a los que están vacunados o no lo están.

La medida, abunda en sus alegaciones el Ministerio Público, "queda sometida a un continuo proceso de evaluación" en el que se analizará el avance de la enfermedad. Añade que no se aplicará en el acceso de acompañantes de pacientes en las consultas hospitalarias o el servicio de urgencias. Por otro lado, se indica que no se creará ningún tipo de fichero ni se conservarán los datos, además de establecer que las actuaciones de comprobación "serán lo menos intrusivas e invasivas" que sea posible. Por último, se determina que la restricción que supone poner en marcha el pasaporte "resulta decisiva para establecer con garantías la presión hospitalaria sufrida y la capacidad asistencial del sistema sanitario andaluz".

El documento de la Fiscalía asume asimismo que esta medida resulta "imprescindible" ya que no son posibles otras alternativas, además de establecer que "lo realmente injustificado en estos casos sería, en definitiva y en opinión del Fiscal, mantener a todo trance y sin tener en cuenta la grave situación sanitaria que aún padecemos, el ejercicio incólume de todas nuestras rutinas sociales".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un auto de la Sala de lo Contencioso de Granada, ya rechazó la pretendida imposición de un pasaporte Covid el verano pasado. Los magistrados echaron para atrás una orden que impedía acceder a establecimientos de ocio a aquellas personas sin vacuna, sin haber pasado el coronavirus o sin una prueba negativa de las últimas 72 horas. Han transcurrido cuatro meses y la Junta vuelve a pedir permiso a la misma Sala para imponer este tipo de restricciones, aunque ahora hay bastantes diferencias. 

Uno de los principales factores que han cambiado es que las limitaciones de acceso que ahora pretende establecer la Junta de Andalucía son a centros sanitarios y sociosanitarios (residencias entre ellos), aunque la Consejería de Salud admite que podría tratar de extenderlo a los lugares de ocio . En verano, la orden autonómica se refería a "establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música". Es decir, bares, pubs y discotecas.