Las nóminas de los directivos de Cetursa han llegado al juzgado después de más de un año de polémica. La Fiscalía de Granada ya ha presentado una denuncia contra la ex consejera delegada de Cetursa, María José López, y otro alto cargo de la empresa de Sierra Nevada por "presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas" en sus sueldos. 

El pasado 23 de noviembre de 2018 la Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de un informe remitido por la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, fruto de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

El informe de la Junta enviado a la Fiscalía de Sevilla fue trasladado la Fiscalía de Granada por tener el domicilio social la empresa pública andaluza con una participación del 95'90%, según la información facilitada por el Ministerio Público.

El informe, presentado por la Consejería de Turismo y Deporte, indica que el director de Organización y Finanzas de Cetursa SA habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017. En relación a este cobro de antigüedad, la Fiscalía solicita que se investigue el contrato fechado en julio de 2010.

Una vez iniciadas las diligencias de investigación por parte del Ministerio Fiscal, la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía, a la que ha quedado adscrita la empresa Cetursa tras la reorganización posterior al cambio de Gobierno, presentó otra denuncia en la Fiscalía, el pasado abril, por hechos similares que los relacionan con un anexo del contrato de la antigua directora o ex consejera delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010. Algo que los actuales estatutos no permiten, pues su remuneración debe estar contenida en el contrato y pasar por el consejo de administración.

La denuncia pide también la investigación de las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.

El informe de la Cámara de Cuentas de 2017 que puso por primera vez de relieve las posibles irregularidades en Cetursa, daba detalles sobre una reorganización de cargos directivos a raíz de la entrada en vigor de las medidas de ahorro y que evitaría la merma en los salarios.

La Fiscalía recoge ahora esos mismos hechos. En diciembre de 2015, María José López reestructura el organigrama directivo de la empresa pública y ordena el cese de los directores de área y crea de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa. La Fiscalía solicita al Juzgado que investigue esta decisión que, según los informes estudiados, podría no deberse a una mejora de gestión empresarial sino la de eludir los límites que fijaban las Leyes presupuestarias.

El decreto de denuncia de la Fiscalía, contra los máximos responsables de su gestión, también añade que no se excluye de una posible imputación de otros directivos de la empresa pública en el curso de las investigaciones judiciales que no han sido investigados en estas diligencias.