La Fiscalía Provincial de Granada ha recurrido ya el archivo del caso Colina Roja, que investigaba una supuesta trama de contratos a dedo en la Alhambra. El Ministerio Público pide al juez de instrucción que eleve su alegación a la Audiencia Provincial, si bien es posible que el asunto llegue en casación al Tribunal Supremo.

El recurso al mismo juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, (que no tuvo más remedio que archivar el caso por la caducidad de los plazos) y a la Audiencia Provincial podría no tener mucho recorrido si se aplica la lógica de que ese órgano no adopte decisiones contrarias a las suyas propias. Fue precisamente este tribunal el que ordenó al instructor dar carpetazo y cerrar la investigación, al estimar que se habrían agotado los plazos legales. 

Así las cosas, es posible que el asunto llegue al Tribunal Supremo, instancia superior sobre la que el propio juez instructor ya avanzó en su auto que depositaba sus esperanzas de revocar el archivo si la Fiscalía o cualquiera de las acusaciones decidían recurrir. 

La Fiscalía fundamenta su recurso en las discrepancias sobre la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a la limitación de plazos de instrucción a 6 meses y las opciones de prórrogas en las causas que sean declaradas complejas. 

El caso de Granada ha dado lugar a quejas de ámbito nacional por parte de asociaciones de fiscales, que han pedido al Gobierno que apruebe un cambio legal por la vía de urgencia, para evitar precisamente la posible "impunidad" en algunos casos como el de Colina Roja, que no se ha podido seguir investigando por esa cuestión de tipo formal. También manifestó hace unos días su preocupación por este tema el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. 

El 22 de octubre de 2018 la Audiencia de Granada adoptó una resolución en la que ordenaba poner fin a la investigación de este caso y anular casi todo lo practicado hasta ese momento, que eran miles de folios de trabajo policial sobre una década de contratos en la Alhambra e investigaciones sobre el patrimonio de los imputados. Estimaba así el tribunal un recurso planteado por la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca. El auto exponía que la complejidad de la causa se dictó fuera del plazo legal, lo que supone que la instrucción no se puede alargar más allá de los primeros seis meses.

En febrero pasado el juez instructor no tuvo más remedio que acatar la decisión de la Audiencia y archivar unas diligencias que han quedado reducidas a casi nada; pero no sin exponer sus reparos a la decisión de ese órgano superior. 

El sobreseimiento libre ordenado por el juez en realidad era la forma de permitir que la Fiscalía o cualquiera otra de las partes puedan recurrir para que el caso vuelva a reabrirse en óptimas condiciones para afrontar una instrucción normalizada.

“Se ha de proceder en el sentido de conceder a las partes la posibilidad de acceso a los máximos recursos judiciales posibles de los previstos procesalmente en relación al tipo de resolución que se dicte, en concreto de apelación y casación”. Con esas palabras, el magistrado hacía alusión en su auto de archivo al Tribunal Supremo, del que cita jurisprudencia reciente sobre el asunto de los plazos legales, en sentido contrario al que consideró la Audiencia Provincial de Granada en octubre.