Un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada revela que el concejal del PP Juan Antonio Fuentes utilizó las competencias que eran del entonces teniente de alcalde Sebastián Pérez para firmar el controvertido convenio destinado a pagar servicios fuera de contrato a la empresa privada que gestionaba la televisión municipal TG7.

El 26 de junio de 2015, solo 5 días antes de que Fuentes firmará ese convenio con la mercantil CBM SL, la Junta de Gobierno Local acordó delegar las competencias de contratación en el concejal de Presidencia, que en aquel momento era Sebastián Pérez, presidente provincial del Partido Popular y próximo candidato a la Alcaldía de la ciudad.

El cambio de criterio municipal se produce tras la denuncia de Vamos y la Fiscalía

El nuevo informe encargado por el gobierno de la capital al letrado principal de la institución incide en varias ocasiones en este aspecto, pues sostiene que el edil Juan Antonio Fuentes (que entonces era compañero de Pérez en el equipo de gobierno, como concejal de Personal, Servicios Generales y Organización) firmó un convenio con la empresa privada de la televisión, que en realidad era un contrato para el que este representante municipal no tenía competencias, pues acababan de ser depositadas en manos de Pérez.

Ese convenio complementario o contrato (como es redefinido por los letrados) se utilizó para permitir a la empresa CBM reclamar y cobrar al Ayuntamiento 864.121 euros por otros servicios que no estaban previstos en el contrato inicial que se suscribió con la empresa en 2011 con las garantías legales necesarias. Según el informe jurídico, a diferencia de aquel acuerdo inicial, el convenio complementario de 2015 se habría hecho de una forma irregular, no sólo por haberlo firmado un concejal sin competencias para ello, sino también por su opacidad. No pasó por ningún otro órgano ni fue conocido por los servicios municipales hasta varios meses después, coincidiendo con la rescisión del contrato de servicios a esa empresa. Esto habría permitido a la sociedad contratista cobrar una serie de facturas "eludiendo el control de la Intervención municipal".

El nuevo informe jurídico firmado por el letrado principal recomienda ahora al Ayuntamiento de la capital su personación en la causa judicial recientemente abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital para investigar las presuntas ilegalidades cometidas en la gestión de la televisión municipal. Considera el letrado que el Ayuntamiento debe defender sus intereses y su "buen nombre" como titular de un "bien jurídico protegido tan relevante como es su correcto funcionamiento". A su juicio, el "recto y cabal" procedimiento en este caso "ha resultado seriamente afectado por actuaciones ajenas totalmente a los adecuados procedimientos administrativos de contratación, control, fiscalización e intervención". En estas circunstancias, dice el informe que el Ayuntamiento tendría que ser parte del proceso judicial en marcha con la cualidad de "ofendido", un término legal que habilitaría a la institución para ejercer la acusación particular.

El Ayuntamiento de la capital no ha iniciado los trámites para dar este paso hasta que la investigación judicial ha comenzado a instancia de otras personas. Durante muchos meses los grupos de la oposición Vamos, Granada e Izquierda Unida reclamaron al gobierno local socialista llevar este asunto a la Fiscalía. Se abrió una improductiva y larga comisión de investigación y se encargaron hasta 5 informes internos, que ponían de manifiesto irregularidades, aunque el último de ellos, firmado por una letrada municipal, descartaba indicios del delito de prevaricación, razón esgrimida por el gobierno de Francisco Cuenca para no denunciar los hechos a la justicia.

Fue la concejal Marta Gutiérrez (Vamos) la que al final dio el paso de presentar toda la documentación en Fiscalía y la representante del Ministerio Público no tardó apenas en presentar al Juzgado una denuncia demoledora en la que sí destacaba los indicios de la comisión de varios delitos.

Ante esta diferencia de criterio, el letrado jefe ha elaborado un nuevo informe en el que se alinea y hace suyos algunos de los criterios de la Fiscalía.