El Gobierno está buscando alternativas al centro de primera asistencia y detención de inmigrantes de Motril, cuyo cierre ha recomendado el Defensor del Pueblo por tratarse de unas instalaciones "insalubres e inadecuadas".

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, señaló ayer que están analizando el informe del Defensor del Pueblo al respecto y que ya están trabajando con el fin de adoptar "cuanto antes" las medidas necesarias para recoger las recomendaciones hechas.

El Gobierno trabaja además en paralelo en la búsqueda de otras posibles ubicaciones, algo que, dice, se está haciendo desde hace tiempo y no como consecuencia del informe del Defensor del Pueblo, que derivó de una visita sorpresa al centro el pasado mes de noviembre. Según el subdelegado, las actuales instalaciones, que llevan funcionando unos quince años, han ido "mejorando con el paso del tiempo" pero la posibilidad de adaptarlas a la demanda actual "no tiene mucho recorrido", de ahí que estén buscando otras alternativas.

Se trata en cualquier caso, dijo Fuentes, de instalaciones en las que los inmigrantes permanecen un máximo de 72 horas, periodo que tratan de que no llegue a agotarse en el caso de las mujeres y los niños, a quienes se les busca una oenegé nada más llegar a Motril.

El subdelegado subrayó la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y Salvamento Marítimo y precisó que el aumento de pateras desde el año pasado "ha desbordado todas las previsiones" en la costa andaluza. En este sentido, cabe recordar que la noche del pasado domingo Salvamento Marítimo rescató a 42 inmigrantes que viajaban a bordo de una patera, y que fueron trasladados al puerto de Motril.

El informe del Defensor del Ciudadano no ha tardado en tener respuesta política, la diputada granadina de Podemos Ana Terrón, ha pedido al Gobierno que dé explicaciones ante este "demoledor informe" que concluye que se produce una "vulneración sistemática" de los derechos humanos más elementales. Además, pidió que se cierren "de una vez" y para siempre estos edificios "sin ley". Terrón señala que, "ante esta vulneración de los derechos humanos que viene siendo denunciada reiteradamente" por organizaciones de la sociedad civil y ahora, también, por el Defensor del Pueblo, es necesario "un cambio en la manera de abordar el hecho migratorio".