El Gobierno descarta "de momento" la disolución del Consistorio de Estepona

La pregunta que en este momento se hace buena parte de la ciudadanía es qué va a ocurrir con el Ayuntamiento de Estepona tras la detención del alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y de cinco concejales, tres de ellos del PSOE y dos del PES, por presunta corrupción urbanística. La primera respuesta dada por el Gobierno central elude el camino de la disolución, con lo que el asunto toma un rumbo distinto al vivido en Marbella, objeto de la operación Malaya. Ayer, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró que "de momento" no se plantea la disolución del Consistorio.

Salgado afirmó que la posición del Ejecutivo central en relación a la operación Astapa no es otra que dejar actuar a la justicia. "Deseamos que actúe rápida y el tema se aclare lo antes posible", subrayó. Hay que recordar que es el Consejo de Ministros el que tiene la competencia de iniciar la disolución de un ayuntamiento a iniciativa propia o a propuesta de la Comunidad Autónoma correspondiente, que es justamente lo que sucedió en Marbella.

La posición de la Administración central parece contar de inicio con el respaldo mayoritario del resto de formaciones políticas, entre ellas el PP. Sin embargo, en el seno de esta organización no todas las voces iban ayer en la misma dirección. Mientras la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, hablaba claramente de disolver el Ayuntamiento esteponero, los presidentes de la formación a nivel regional y provincial, Javier Arenas y Joaquín Ramírez, respectivamente, eran más cautos, al entender que es "pronto" para poner sobre la mesa una determinación de esa envergadura.

Arenas, no obstante, anunció que su formación analizará si procede o no plantear en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación en relación con los delitos detectados en Estepona. Asimismo, consideró que lo sucedido evidencia "con toda nitidez que están fallando los controles urbanísticos, lo que es una responsabilidad política de la Junta y del presidente, Manuel Chaves, se ponga como se ponga".

Algo en lo que incidió Ramírez. "No acuso a nadie. Pero Barrientos ha sido apoyado y respaldado por su partido y por la Junta, por lo que si finalmente es culpable, tendrán que responder todos los estamentos, no sólo el alcalde", manifestó. Incluso, instó al Gobierno central a que retire las competencias urbanísticas a la Junta de Andalucía.

De otro lado, el presidente de los populares malagueños fue a más y apuntó la posibilidad de que, tras el descabezamiento municipal, se opte por dar forma a un gobierno de concentración, que permita al municipio afrontar en condiciones adecuadas lo que resta de mandato.