La situación del Palacio de Congresos sigue sin ser clara en cuanto a su futuro. Las demandas judiciales que se arrastran, a la espera aún de resolución, seguirán condicionando su situación con el nuevo gobierno del PP y Marifrán Carazo, por lo que sigue sobre la mesa el cambio de accionariado propuesto el año pasado y que no consiguió la aprobación del consejo rector, entonces presidido por Paco Cuenca (PSOE), que defendía el cambio por las inversiones que generaría (unos 5 millones por parte del nuevo socio) frente a la oposición de la Junta.

Carazo, preguntada por su posición respecto al Palacio de Congresos ante su nueva etapa como alcaldesa de la ciudad, en una visita al Palacio con motivo de los preparativos por la cumbre europea de octubre, ha dicho que han tenido ya la primera reunión para renovar los miembros del Consorcio tras las elecciones y ha ofrecido la "máxima colaboración" y trabajo ya que "hay retos por superar", por lo que ha ofrecido la ayuda desde el Ayuntamiento de la mano de la Junta y el palacio con la empresa concesionaria. 

Pero también ha dejado claro que hay un condicionante: "Tendremos que avanzar en asuntos judicializados sobre los que tenemos que tener respuesta, espero lo antes posible, y avanzar por la importancia que tiene el palacio y el impacto sobre su economía". Carazo ha dicho que confía en sus posibilidades y en las de la ciudad para albergar grandes eventos, como la próxima cumbre europea. 

"Tenemos que resolver algunos problemas que vienen alargándose en el tiempo y que son históricos y voy a mostrar total disposición para alcanzar la mejor solución", ha dicho.

Los antecedentes de una situación difícil

¿Cuáles son estos problemas y los asuntos judicializados? El asunto viene de lejos y llevó incluso a plantear a la Junta rescatar la concesión, algo a lo que era contrario el anterior gobierno municipal del PSOE, que lo llegó a frenar en varias convocatorias.

El Palacio de Congresos de Granada es de titularidad pública y los dueños, Junta y Ayuntamiento, forman un Consorcio con una participación del 64 y del 36%, respectivamente. Pero la gestión se concede mediante concesión a una empresa. En 2011 fue la última vez que salió a concurso y se dio a una sociedad anónima, la mercantil Palacio de Exposiciones y Congresos S.A., con dos socios, FCC y RCK. Una empresa que tiene la concesion durante 25 años y por tanto terminaría el 2 de enero de 2037, dentro de 15 años.

Cuando la empresa tomó posesión del Palacio, comenzaron los problemas. Según defiende, se dieron cuenta que lo que recibían no estaba en condiciones. Que las instalaciones del Palacio tenían deficiencias y que incluso no había licencia para algunas de las actividades que tradicionalmente se realizaban, como por ejemplo la fiesta de Nochevieja. Por todo esto, considera que han dejado de ganar dinero. Esto ha llevado históricamente a reclamaciones de la empresa al Consorcio e incluso hubo sentencia judicial contra el Ayuntamiento que le condenaba a pagar unos 100.000 euros por obras que había tenido que adelantar la empresa para mejorar las instalaciones.

Por esto, la concesionaria interpuso una demanda judicial, una de las dos que aún siguen vivas y que suman unos 10 millones de euros de reclamación. En el caso anteriormente expuesto, se trata de una reclamación por lucro cesante por la que reclama unos 5 millones de euros por esas pérdidas por el estado del palacio y la imposibilidad de realizar algunas actividades. En junio del año pasado se desestimó en lo contencioso-administrativo en primera instancia y está recurrida ante el TSJA y a la espera de que se resuelva. La segunda demanda es por reequilibrio económico. Debido a las pérdidas por el cierre obligado durante el estado de alarma por la pandemia y las restricciones de aforo que después condicionaron la vuelta a la actividad, pedían 5 millones de euros.

Esto a inicios del año pasado hizo que la relación entre los miembros del Consorcio y con la empresa fueran difíciles, planteando la Junta la rescisión del contrato por incumplimiento del contrato ante el impago de canon y la falta de inversiones.

El Ayuntamiento entonces defendía la negociación ya que además se habían recibido 8 millones de euros de fondos Next Generation para mejoras que hay que ejecutar.

Mientras, la concesionaria se vio inmersa en un cambio de accionariado por la venta de uno de los socios de su parte en la UTE. En febrero de 2023 se celebró reunión y se dejó sobre la mesa la autorización del cambio de accionariado tras la venta por parte de RCK de sus acciones a la granadina Nialca Gongresses, de la que Junta y el entonces grupo de Unidas Podemos pedían más datos económicos ante dudas de su solvencia. La entrada de la empresa, según el Ayuntamiento, suponía garantizar 5 millones de inversión privada para proyectos como el restaurante de cristal o el cierre del anfiteatro.