Joaquín Páez ha explicado el procedimiento que tiene la CHG para controlar los pozos tras la tragedia del pequeño Julen. El presidente ha dicho que su Confederación tan sólo debe recibir una notificación de que ese pozo se está realizando, pero quienes otorgan los premisos son, de un lado, los Ayuntamientos, y de otro, la Dirección Provincial de Minas, órgano dependiente de la Junta de Andalucía. "Una vez se pide el permiso, se tramita, y nos comunican que se hace. Es una simple comunicación". El caso donde ya sí interviene la CHG es en cuanto se pide "una determinada cantidad de agua".

Con respecto al caso del pozo que unos niños encontraron entre Ácula y Ventas de Huelma, Páez ha revelado que la Confederación sí había recibido la notificación de la existencia de ese pozo, pero que "no tenía encamisado ni ninguna bomba o material para extraer agua".

"Nosotros sólo podemos controlar que el agua que se extraiga legalmente", ha añadido Joaquín Páez, que ha revelado que actualmente en la provincia de Granada hay abiertos 103 expedientes, que incluyen a más de un pozo, por supuestas irregularidades. Además, ha recordado que las multas oscilan de los 10.000 euros para los casos leves hasta el millón de euros para las infracciones más graves.

"Vamos a incrementar las labores de vigilancia, no por lo ocurrido, que también, si no por el daño que se hace al medio ambiente por la extracción ilegal de agua", ha sentenciado.