Granada está entre las provincias andaluzas con un mayor número de habitantes residiendo en zonas de exclusión social o en las que existen factores de riesgo de que se produzca. Actualmente hay 129.655 granadinos que viven en barrios donde predomina un entorno de pobreza y se conjugan además otros elementos que dificultan la inclusión según se extra del estudio para la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social de la Junta de Andalucía.

La proporción de habitantes establecidos en estas áreas desfavorecidas es bastante alto en la provincia, un 14,16%, y solamente lo superan Cádiz (16,42%) y Almería (18,50%), que aglutinan más personas en territorios marcados por las desigualdades.

De esta forma, en Granada está afincada el 14,18% de la población que se encuentran en riesgo de exclusión social sobre el total de las 914.103 personas que hay en Andalucía viviendo en este contexto. Granada representa uno de los porcentajes más altos a nivel regional, estando únicamente por delante Almería (14,25%), Sevilla (16,19%) y Cádiz (22,27%).

El informe de la Junta de Andalucía señala que en Granada hay trece zonas desfavorecidas repartidas por todos los puntos geográficos de la provincia entre la capital, el Área Metropolitana, el Poniente, los Montes Orientales, la Costa Tropical y varios municipios del norte.

129.655 granadinos viven en las trece zonas desfavorecidas identificadas en la provincia

En concreto, las áreas que se encuentran en riesgo de exclusión atañen a diez municipios granadinos y son las siguientes: el distrito Norte y Santa Adela en la capital; San Antonio-Ancha, la Huerta de Carrasco y Varadero-Santa Adela en Motril; la Alcazaba y la Alfaguara en Loja; los barrios El Barranco y La Cañada en Atarfe; las barriadas de Las Flores, las Cuevas y Cerro Fáquila en Pinos Puente; el barrio de Santa Ana en Fuente Vaqueros, el barrio de La Peña en Iznalloz y distintos asentamientos de cuevas en puntos del norte como Guadix, Baza y Huéscar.

El estudio concluye, por tanto, que el mapa de la desigualdad en Granada abarca gran parte de su geografía y se instala principalmente en municipios que son cabeceras de comarca como es el caso de Granada, Motril, Loja, Baza, Guadix, Iznalloz y Huéscar. A esto hay que sumar los asentamientos de personas en riesgo de exclusión social en pueblos de la parte norte de la Vega como Pinos Puente, Fuente Vaqueros y Atarfe, tres municipios metropolitanos que se encuentran a poca distancia los unos de los otros.

El informe señala en este sentido que la concentración de la población que reside en zonas en municipios menores de 20.000 habitantes se da mucho más en Granada (39,75%) que en otros territorios donde la concentración es superior en zonas altamente pobladas como las capitales de provincia.

Asimismo, otra singularidad en Granada es la identificación de los barrios de cuevas que hay en diferentes municipios como sitios donde se focaliza la exclusión.

En Andalucía, el mapa de zonas desfavorecidas es extenso, afectando a un importante número de zonas del ámbito urbano y rural. En total, se dibujan 99 de estas áreas en riesgo de exclusión, localizadas en 65 municipios, es decir, el 8,4% del total de pueblos de la región. A Cádiz corresponden 18; a Málaga, 14, y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (con las 13 áreas ya mencionadas), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8).

Entre todas ellas, aglutinan una población de 914.103 personas en Andalucía en riesgo de exclusión social, lo que supone el 10,9% del total de habitantes de la región. Si bien, adoptando una visión más general el mismo estudio subraya la existencia de alrededor de un millón y medio de andaluces (el 17% de la población de la Comunidad) en situación de vulnerabilidad.

El propio estudio recuerda que la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía –del 35,4% según las últimas estadísticas del INE– está entre las más altas de España, superando la media nacional en más de 13 puntos porcentuales.

También según datos del Instituto Nacional de Estadística (2016), con carencia material severa estaría el 7,1% de la población, viviendo en hogares de baja intensidad en el trabajo, el 23,5%.

En Andalucía el mapa de la exclusión social dibuja un total de 99 zonas en 65 municipios

Para la elección de estas zonas, se tuvieron en cuenta distintos indicadores sociales como la tasa de paro, la población inmigrante, la existencia de problemas de seguridad y convivencia, la dimensión y concentración del parque público de vivienda y la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios, entre otros.

En su mayoría, se trata de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas, además de por las tendencias segregacionistas de la sociedad contemporánea que generan procesos de exclusión social.

El informe de la Junta subraya que esta situación se ha visto agravada, entre otras cosas, como consecuencia "de la larga década de crisis económica padecida" y también, "de la estrategia de salida aplicada, basada en la austeridad del gasto público y en la devaluación de los costes laborales como palanca de la competitividad empresarial". Todo ello ha supuesto, por un lado, el empobrecimiento de parte de la ciudadanía, a raíz de la importante pérdida del poder adquisitivo; y por otro, un deterioro de la cobertura de determinados servicios públicos de carácter social.

Viviendas en el barrio de Santa Adela

Por otro lado, el estudio también deja claro que el incremento de la pobreza y de la desigualdad tienen como resultado el surgimiento de zonas desfavorecidas. Y advierte de que una vez sumergida la situación de exclusión en una zona "se acentúan los fenómenos de ruptura de las relaciones con el exterior", y se ven dañadas las relaciones sociales, "con pérdida de confianza, deterioro de las redes sociales y, en ocasiones, con afectaciones graves a las condiciones de convivencia".

Una de las conclusiones arrojadas por el estudio reconoce que las actuaciones y los esfuerzos en políticas sociales, educación, salud y otras, aplicados en estas barriadas y zonas con necesidades de transformación social no han obtenido resultados suficientemente satisfactorios. "Han contribuido a paliar la grave situación, pero su capacidad de intervención no se corresponde con la magnitud y dificultad de la problemática a la que se enfrenta", apunta el documento.

En este sentido, se reconoce la labor de las personas que trabajan con estas personas en riesgo de exclusión y que "sufren el desánimo y la impotencia derivada de una situación estructural que es difícilmente reversible mediante la motivación y el sobreesfuerzo personal".

Poner fin a la pobreza es la principal razón de ser de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que también se marca el reto de "lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles".

Son solo dos de los 17 objetivos recogidos en este proyecto, acompañados de 169 metas para ser aplicadas en el horizonte 2030. De esta forma, esta estrategia aprobada a finales de agosto de 2018 por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales permitirá implementar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de esos 129.655 granadinos que residen en las trece zonas identificadas.

Para ello, en dichas áreas que se llevarán a cabo acciones estructuradas en torno a cuatro ejes: desarrollo económico y comunitario sostenible, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, mejora del hábitat y la convivencia y trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria. En total, la Junta de Andalucía tiene previsto invertir 169,5 millones de euros en toda la región.