¿Puede la Junta ordenar cierres o confinamientos de municipios en Granada? Los efectos inmediatos de la última decisión de los magistrados del TSJA de tumbar las restricciones impuestas en Montefrío -primer intento tras el fin del estado de alarma en la provincia- pueden ir mucho más allá de aquel término municipal. Los argumentos judiciales valen para cualquier otro caso que se plantee, así que la Junta se encuentra limitada para imponer limitaciones precisamente en la provincia andaluza que mayor tasa de incidencia presenta. 

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra, pues su posición respecto al real decreto del Gobierno para regular este asunto y permitir acudir en casación a las Comunidades Autónomas es un paso necesario para que la Junta de Andalucía sepa a qué atenerse. ¿Pero qué pasa mientras tanto en Granada?

En una provincia tan afectada por la pandemia, donde la cuarta ola todavía no ha remitido y ya hay voces que ya advierten de la quinta, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han optado por pronunciarse en contra de las restricciones de movilidad, a diferencia de sus compañeros de la Sala de Sevilla, que han decidido de forma opuesta en casos equivalentes de otros municipios andaluces.   

La Junta puede probar a cambiar su modelo de orden de confinamiento, con otras medidas de restricción enfocadas a las reuniones familiares, sacando de las limitaciones a los vacunados o exponiendo más datos sobre la incidencia de la pandemia, como sugerían los jueces a la administración en su reciente auto.

Cualquier decisión que tome sobre municipios muy afectados tendrá que contar tarde o temprano con la ratificación judicial. Pero, como ha ocurrido esta semana con Montefrío, hay unos días de margen entre la publicación en el BOJA y la decisión de los jueces en los que la población no tendría muy claro si lo que se ha ordenado es del todo legal.