La ciudad de Granada estaría considerada como una "zona tensionada" por el Gobierno central en el nuevo Anteproyecto de Ley estatal por el derecho a la vivienda, y consideraría necesario intervenir para bajar los precios de los alquileres de sus inmuebles.

En la capital, el precio medio del alquiler ya alcanzaba en 2018 los 480 euros mensuales, cifra que ha seguido subiendo desde entonces y un gasto por vivir en un inmueble demasiado elevado para el Gobierno, que considera en esta nueva ley que es necesario actuar en aquellas zonas en las que los gastos de arrendamiento o de hipoteca y de suministros de agua luz o gas de esta superan el 30% de los ingresos medios de las familias que habitan el lugar.

Esta definición, que aún está por perfilar, haría referencia no solo a Granada, sino a una gran parte del territorio español, donde el precio de la vivienda ha superado con creces los ingresos de sus habitantes. 

Si tenemos en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encuentra ahora mismo en 965 euros al mes -aún falta que se apruebe en Consejo de Ministros el nuevo acuerdo para subirlo a 1.000 euros y que, tras ello, se publique en el BOE-, el alquiler en Granada y los gastos de suministros no debería de superar los 289,50 euros para que no se rebase esa barrera del 30%. Por lo tanto, para que ese alquiler no sea intervenido una persona tendría que compartir piso con otra y pagar los gastos de alquiler a medias. Vivir solo en Granada sería impensable si se toma el SMI como referencia.

A este respecto, el gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP), Francisco Cañavate, ha valorado en declaraciones a este periódico que cuando una persona se independiza lo suele hacer en pareja, por lo que el 30% de la suma de ambos salarios no superaría nunca el precio del alquiler. Cuestión por lo que ve innecesario intervenir en Granada en caso de aprobarse la ley.

"Creemos que en Granada esta ley es inaplicable porque es muy difícil de calcular cuánto se debe pagar por un alquiler, esto depende de muchos factores que no son objetivables. Es una ley muy intervencionista, poco rigurosa, populista y con escasa consistencia jurídica", ha considerado.

Cañavate cree que limitar que el coste de una vivienda en alquiler o hipoteca no suponga el 30% "está muy bien como concepto general, pero que esa sea la base de una Ley nacional de vivienda es un despropósito", y respecto a incluir dentro de este porcentaje también los suministros básicos de luz, agua, gas o teléfono "no es lógico, ya que cada familia tiene un consumo mayor o menor en función de sus posibilidades y sus necesidades y en muchos casos estos suponen un porcentaje elevado de los ingresos familiares". 

El gerente de la ACP Granada ha valorado, por tanto, como "una intromisión en un mercado ya legal" este Anteproyecto de Ley y no cree que vaya a conseguir el fin que busca, incrementar el número de viviendas en alquiler, ya que va a hacer que tanto operadores de alquileres como particulares "salgan corriendo" y busquen otra salida a sus inmuebles en alquiler, como por ejemplo la venta directa. 

"El derecho a la propiedad ya está muy cargado de impuestos. En la práctica, en cada acción que se realiza con una vivienda se paga un impuesto, como por ejemplo a la hora del pago de suelo, a la hora de construir, a la hora de declarar una obra nueva, en la constitución de una hipoteca... y todo esto más el IVA y el IBI. ¿Si además tengo una vivienda en alquiler tiene usted que decirme cuánto tengo que cobrar por ella?", se ha preguntado.

Cañavate ha recordado también que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y que habrá varios recursos de inconstitucionalidad que suspenderán la norma por intromisión en competencias transferidas. 

Además, ha afirmado esta ley no se ha negociado con el sector para "ver cuales son los problemas reales y buscar soluciones comunes", por lo que ha vaticinado que la norma en caso de aprobarse va a tener "el efecto contrario que se espera", reduciéndose y encareciéndose la planta de viviendas en alquiler.

Zonas tensionadas en España

Los lugares del mapa español declarados como zonas tensionadas a causa del alto precio del alquiler coinciden con la ubicación de los grandes caseros, es decir, personas jurídicas que poseen más de 10 viviendas. 

En este sentido, estos propietarios con decenas de propiedades se emplazan, especialmente, en Barcelona, Valencia, Madrid y Baleares, las ciudades en las que el alquiler se ha vuelto inasequible. Pero también se localizan en la provincia de Granada y en otras, como Málaga, Sevilla o Almería. 

Para crear una idea lo más exacta posible, es importante mencionar que, ya en 2018, el precio de una vivienda mediana en Madrid alcanzaba los 850 euros mensuales, y el alquiler ha seguido subiendo hasta la actualidad. En Barcelona, por su parte, la media mensual en 2018 estaba cerca de los 810 euros.

El Anteproyecto de Ley estatal por el derecho a la vivienda, que aún debe pasar por tramitación parlamentaria, busca hacer honor al artículo 47 de la Constitución, donde se recoge expresamente que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". 

"Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", asegura la Constitución española.