El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes el expediente para la licitación de un sistema informático de portal web, por importe de casi 100.000 euros para garantizar el control de accesos de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones que se debe instalar en la capital

Este sistema también tendrá el control de las pilonas de acceso al barrio del Albaicín, los carriles reservados a transporte público, "a la vez que lógicamente va a permitir discriminar llegadas de vehículos a los aparcamientos y hoteles reservados", ha confirmado el portavoz de Gobierno, Jorge Saavedra, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local.

El portavoz ha puntualizado que con este acuerdo “el Ayuntamiento de Granada completa los trece proyectos, financiados con Fondos Europeos, que van asociados, pero en paralelo, a la implantación de la zona de bajas emisiones”, sobre la que ha manifestado “la voluntad clara y absoluta de este gobierno de mejorar la calidad del aire de Granada, porque queremos una Granada más verde y más sostenible y somos conscientes de que tenemos que bajar las emisiones asociadas al tráfico”.

Saavedra ha aclarado, no obstante, que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, con entrada en vigor por ley el 1 de enero de 2023 y para la que el Consistorio ha pedido ya oficialmente al Gobierno central una prórroga de un año para poder ejecutar los fondos recibidos, se llevará a cabo en Granada de “forma progresiva, con plazos sensatos y teniendo muy en cuenta las necesidades de los residentes y los comerciantes”, en tanto que, según sus palabras “no podemos de la noche a la mañana imponer unas restricciones importantes, que supongan dejar nuestro centro despoblado, sin actividad económica o comercial”.

Tras recordar que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, recogida en ley de 21 de marzo de 2021, obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes, tiene de plaza de entrada en vigor el 1 de enero de 2023, ha puntualizado que “su implantación” va pareja de una convocatoria de fondos europeos “con la que se permite a los ayuntamientos dotarse de las herramientas necesarias para llevar a cabo”.

En este sentido, ha lamentado la situación “complicada” con la que el actual equipo de gobierno se ha encontrado, en tanto que, según ha citado, “de los 13 proyectos” concedidos al Ayuntamiento de Granada, “con un plazo de ejecución de 31 de diciembre de 2023, solo cinco de los trece cumplían ese plazo, y había tres contratos de esos fondos europeos que ni tan siquiera se habían licitado”.

“Hemos pedido una prórroga para la ejecución de esos fondos europeos, pero no para la Zona de las Bajas Emisiones, que debería estar aplicada desde enero 2023, que no está siendo retrasada por este equipo de Gobierno, sino que hay una cuestión puramente técnica de licitación de contratos que hace a día de hoy imposible que se pueda implantar”, ha concluido.