El coordinador local de Izquierda Unida en Granada, Paco Puentedura, ha alertado de los problemas que dificultan la relación entre la ciudadanía y la administración pública, denunciando que las leyes de procedimiento administrativo y administración electrónica establecieron cinco canales de relación entre la ciudadanía y la administración, pero el acceso a estos canales no es equitativo, según señala la formación política.

Las cinco vías de comunicación previstas son la atención electrónica, el correo electrónico, el correo postal, la cita presencial y la cita previa. Sin embargo, la pandemia ha dejado al descubierto una preocupante disparidad en la oferta de estos canales de comunicación, en especial en el Ayuntamiento de Granada.

Uno de los principales problemas resaltados por Izquierda Unida es que, en muchos casos, se obliga a los ciudadanos a recurrir a la cita previa, sin que se garantice una atención presencial suficiente. Esto genera diversas complicaciones, especialmente cuando se trata de resolver trámites urgentes. Las largas esperas para obtener una cita previa, que en ocasiones pueden extenderse durante semanas, pueden obstaculizar a quienes necesitan soluciones rápidas.

"Un ejemplo emblemático de esta dificultad es el proceso de empadronamiento. Personas que requieren un empadronamiento urgente para acceder a ayudas, prestaciones o inscribir a sus hijos en la escuela se ven obligadas a esperar más de un mes en ocasiones, lo que puede tener consecuencias significativas en su vida cotidiana", han destacado.

Otro problema que surge es la brecha digital. No todos los ciudadanos tienen acceso a una conexión de internet o poseen habilidades informáticas avanzadas, lo que hace que la atención exclusivamente electrónica sea inaccesible para algunos. "Este desafío se vuelve aún más crítico para las personas mayores, quienes pueden encontrar dificultades para solicitar cita previa, o para presentar documentación en las páginas web de las administraciones".

Izquierda Unida resalta que no está en contra de la atención electrónica, que puede ser una herramienta valiosa para la accesibilidad. Sin embargo, considera que es necesario reforzar la atención presencial en las oficinas descentralizadas y en el registro del Ayuntamiento de Granada, así como en otras administraciones, para garantizar que quienes necesiten asistencia urgente sean atendidos con eficacia.

Preferencia por la atención telefónica

"Otro punto de preocupación es la proliferación de servicios públicos que hacen obligatoria la cita previa en lugar de ofrecer atención presencial. En el ámbito de la salud, por ejemplo, se observa una creciente preferencia por la atención telefónica en lugar de la presencial, lo que puede afectar tanto el diagnóstico como el tratamiento de enfermedades. Esto representa un problema especialmente grave para las personas mayores o aquellas con enfermedades crónicas que necesitan atención inmediata", ha denunciado Puentedura.

En respuesta a estas preocupaciones, Izquierda Unida ha anunciado que va a presentar una petición a las autoridades locales y se plantea llevar la cuestión ante el Defensor de la Ciudadanía. La solicitud insta a las administraciones, en particular al Ayuntamiento, a garantizar una atención adecuada y suficiente para todos los ciudadanos, independientemente del canal que elijan utilizar. También se enfoca en mejorar la accesibilidad de los servicios electrónicos, haciendo que las páginas web sean más amigables y los trámites administrativos más fáciles de completar.

Uno de los principales problemas resaltados por Izquierda Unida es que, en muchos casos, se obliga a los ciudadanos a recurrir a la cita previa, sin que se garantice una atención presencial suficiente. Esto genera diversas complicaciones, especialmente cuando se trata de resolver trámites urgentes. Las largas esperas para obtener una cita previa, que en ocasiones pueden extenderse durante semanas, pueden obstaculizar a quienes necesitan soluciones rápidas.

"En definitiva, Izquierda Unida de Granada defiende un enfoque que facilite la relación entre los ciudadanos y la administración, asegurando que todos tengan la posibilidad de acceder a servicios públicos de calidad, ya sea de forma electrónica o presencial, sin que la brecha digital se convierta en una barrera para el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La accesibilidad debe ser una prioridad en la gestión de la administración pública", ha concluido.